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    La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos anunció sanciones contra los ciudadanos mexicanos Verónica Esparza García, Olga María Zepeda Esparza y Joaquín Leal Jiménez, así como contra las empresas Libre Abordo y su filial, Schlager Business Group, por sus vínculos con el Gobierno de Venezuela.

    Esta acción parecería dar respuesta al comentario del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien mencionó el 15 de junio que, si surgiera una necesidad humanitaria, su Gobierno estaría dispuesto a vender gasolina a Venezuela, sin importar las restricciones impuestas por Estados Unidos.

    "México es un país independiente y soberano. Tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países, es autodeterminación de los pueblos y ayudar en lo humanitario", explicó.

    No obstante, desde mayo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló que tenía bajo observación a varias compañías con sede en México y Europa por su supuesta participación en el comercio de petróleo venezolano. Del mismo modo, se informó que los Departamentos de Estado y del Tesoro revisaban si estas empresas violaron las sanciones impuestas por Washington a la compañía petrolera venezolana PDVSA a partir de enero de 2019.

    Raquel Saed, académica de la Universidad Iberoamericana, explicó que las advertencias del Departamento del Tesoro son habituales. Cuando emite alguna alerta, Washington suele informar sobre las consecuencias que puede acarrear la realización de negocios con países o personas sancionados.

    "En este sentido, es la misma idea, pero con un país muy achicado en la parte económica y social como Venezuela. Trump está reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y, con esto, puede justificar cualquier sanción para que nadie trate de ayudarlos", expuso.

    Los vínculos en México

    Joaquín Leal Jiménez fue señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense como enlace entre el empresario colombiano Alex Saab, Libre Abordo y Schlager Business Group, para negociar la reventa de barriles de crudo venezolano.

    Saab fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio en un avión privado. En julio de 2019, Estados Unidos lo señaló como testaferro de Nicolás Maduro, por lo cual, poco después, se emitió una circular azul de Interpol para detenerlo.

    En marzo de 2020, Libre Abordo aceptó que tenía un acuerdo con el Gobierno venezolano para intercambiar camiones cisterna y maíz por barriles de crudo. Al respecto, dijo que sus abogados consideraban que el pacto no violaba las sanciones de Estados Unidos a PDVSA, ya que el petróleo sería recibido como compensación por la ayuda alimentaria provista por la compañía mexicana.

    El 31 de mayo, Libre Abordo anunció su bancarrota por una deuda de 90 millones de dólares. En un comunicado, la empresa acusó que tanto ella como Schlager Business Group llegaron a esa situación debido a la caída de los precios del petróleo, así como por las "campañas de desprestigio" y presiones que el Gobierno de Estados Unidos ejerció sobre sus operaciones.

    "La presión política internacional ha llevado a Libre Abordo y Schlager a dejar de levantar cargamentos de crudo venezolano. Desafortunadamente, hoy la empresa se encuentra en quiebra e, incluso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado el fin de nuestros acuerdos de intercambio", relevó.

    Ante estos elementos, Raquel Saed consideró que los vínculos entre Saab y Maduro, aunado al apoyo que China y Rusia han brindado al Gobierno de Venezuela, abrieron la posibilidad para que Estados Unidos sancionara a las compañías con sede en México.

    "Las compañías Libre Abordo y Schlager están registradas en México, como si fueran compañías mexicanas. Si López Obrador se quejara de esto, estaría ayudando a una compañía ultra rica y que además opera en una ilegalidad. [Por] el hecho de que Venezuela está lidiando con esta situación de sanciones —sea correcta o incorrectamente—, esta compañía actuó por libre, porque lo está haciendo por su propio beneficio", indicó.

    El Gobierno de México también anunció su propia pesquisa sobre la situación de Libre Abordo y Schlager Business Group. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo a Reuters que esta investigación se abrió a petición de la Secretaría de Energía (Sener) mexicana, e igualmente, por solicitud de las agencias estadounidenses.

    Santiago Nieto, titular de la UIF, recordó que en 2018 su institución indagó a otras 25 personas y empresas en México y Venezuela por especular con la venta de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa creado por el Gobierno de Nicolás Maduro para comprar despensas y combatir la escasez de comida en su país.

    "Desde nuestro punto de vista, hubo un acto de corrupción en la PGR —antigua Procuraduría, actual Fiscalía General de la República— en la anterior administración", comentó. También indicó que por ese motivo se procedió a presentar tres denuncias, así como a congelar 19 cuentas bancarias sospechosas por lavar dinero de Venezuela.

    El 19 de junio, Nieto dio a conocer que la UIF congeló las cuentas de las personas y empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos.

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    EEUU, México, Venezuela
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