La propuesta para modificar la Ley Federal de Variedades Vegetales, que establece el marco legislativo para los usos de la semilla agrícola en México, ingresó a la Cámara de diputados mexicana en marzo de 2020 y se había mantenido en un discreto silencio hasta que esta semana, el diputado y coordinador de la bancada del partido Morena, Mario Delgado, anunció su intención de que sea aprobada antes que termine el mes en curso, argumentando que ésta es una modificación necesaria para quedar en línea con las disposiciones establecidas en la renegociación del Tratado de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
El apuro, según pudo saber Sputnik, tiene dos orígenes: el cabildeo que han hecho a nivel legislativo las empresas trasnacionales y sus filiales locales que serán las beneficiadas de este proceso privatizador de la semilla, en perjuicio de miles de campesinos mexicanos que han sido excluidos de la discusión; y otro, el desconocimiento de los legisladores locales acerca de los alcances que tiene esta modificación express.
Garantía para cobrar patentes y regalías
Hace más de 13 años se conoció en Estados Unidos un caso paradigmático: la multinacional Monsanto —padre del herbicida glifosato y de la primera planta transgénica la llamada Soja RR, ahora adquirida por la alemana Bayer— denunció a un conjunto de 147 agricultores y 39 pequeñas empresas agrícolas por el uso indebido de sus semillas patentadas sin haberlas comprado.
Esta tendencia a patentar material orgánico vivo surgió en EEUU a partir de la década de 1980 y se ha ido extendiendo al resto del mundo, particularmente a países megadiversos como la India o por medio de Tratados de Libre comercio, como en el caso de Colombia.
Para que las multinacionales puedan demandar a productores como lo hicieron en Estados Unidos en el año 2007 y reclamar como propio algo que —en el fondo— no les pertenece, deben lograr que los Estados asuman mecanismos legales que les garanticen el cobro de patentes y regalías por sus desarrollos biotecnológicos, que se logran al reconocer sus derechos de obtentor de una variedad vegetal protegida aunque las empresas los estén reclamando sobre semillas de plantas que llevan cientos de años siendo mantenidas por generaciones de campesinos de todo el mundo. Eso es Upov 91.
Una ley contra los campesinos
La modificación de la Ley Federal de Variedades Vegetales que fue propuesta por el diputado Eraclio Rodríguez, electo por el partido Morena en el estado de Chihuahua, establece los mecanismos para que los criterios del acta de la Unión internacional para la protección de obtenciones vegetales del año 1991 —conocida genéricamente como Upov91— se hagan letra viva en la legislación interna mexicana, mediante la prohibición de dos prácticas campesinas ancestrales: el libre intercambio de semillas y el uso propio que no es otra cosa que ese mecanismo tan simple como guardar un poco de las semillas de su cosecha presente para tener con qué iniciar la siguiente.
"Lo que hace esta iniciativa es reconocer derechos a las empresas trasnacionales que controlan de manera monopólica el mercado de las semillas (tres en todo el mundo) protegiendo sus derechos y no los derechos de los campesinos, que han sido los verdaderos desarrolladores de las semillas, pero que pierden control sobre ellas cuando estas empresas las patentan como propias", agregó.
Las sanciones por violar los derechos de los obtentores de variedades protegidas —las empresas— están previstas en el título sexto de la propuesta de modificación de la Ley Federal de Variedades Vegetales presentada por Eraclio Rodríguez.
Particularmente, es importante leer el artículo 49 que permite "la destrucción de la variedad vegetal, su material de propagación, el producto de la cosecha, los instrumentos o productos relacionados directamente con la comisión de infracciones", es decir, la destrucción de las cosechas de los campesinos que se señalen por haber violado derechos de patente de quien los porte y su correspondiente pago de regalías, como pasó en Estados Unidos en 2007.
"Es un mecanismo para garantizar el pago de regalías a las empresas semilleras por un derecho que no tienen", resumió la fuente.
Jonsson señaló que tanto la Asociación mexicana de semilleros (AMSAC) como el Centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo (CIMMYT) —un banco privado de semillas fundado en la década de 1940 con apoyo de la Fundación Rockefeller— han sido parte activa del desarrollo de la propuesta del Diputado Rodríguez.
"La Amsac ha estado presionando muchísimo en Diputados, así como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) que en México representan los intereses de las empresas trasnacionales y que con ellas, van a ser los beneficiados por este cambio legislativo si se concreta antes de tiempo", concluyó.