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    Tras los comentarios del expresidente mexicano Felipe Calderón sobre el desconocimiento de su Gobierno de la ejecución del operativo Rápido y Furioso, la periodista Lydia Cacho expuso evidencias de que el exmandatario pidió dinero para permitir la llegada de las armas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU al país.

    Cacho presentó capturas del documento Plan Mérida para México y América Central: Financiamiento y Cuestiones Políticas, elaborado en 2009 por el Servicio de Investigación del Congreso, donde se revela que el Gobierno mexicano tenía conocimiento del traslado ilegal de armas desde Estados Unidos.

    La periodista también comentó que las armas de Rápido y Furioso pudieron pasar desde los estados de Texas y Arizona (Estados Unidos) a Chihuahua (México) gracias a los canales de tránsito de materiales ilegales utilizados por las redes del crimen organizado.

    Plan Mérida para México y América Central: Financiamiento y Cuestiones Políticas es una investigación de Clare Ribando Seelke. En las capturas compartidas por Cacho se puede leer que Estados Unidos estimó que 90% de las armas encontradas en escenas del crimen en México provenían de su país.

    Asimismo, aseguró que los cárteles obtenían esas armas de personas legalmente acreditadas para obtenerlas, o bien, de exhibiciones de armas en estados fronterizos, donde eran vendidas a contrabandistas que se encargaban de cruzarlas por la frontera entre Estados Unidos y México.

    "México presentó más de 7.500 armas recuperadas para su rastreo, lo que demuestra que la mayoría se originó en Texas, Arizona y California", señala el documento del Servicio de Investigación del Congreso. Del mismo modo, asevera que la ATF recibió un fondo de 4,5 milllones de dólares para realizar operativos en territorio mexicano.

    Como parte del operativo Rápido y Furioso, la ATF envió más de 2.500 armas compradas ilegalmente a México, a las cuales se les colocó un chip para dar seguimiento a su paso por el país. Sin embargo, esas armas habrían sido descubiertas por los narcotraficantes, quienes lograron controlarlas y, finalmente, desaparecer su rastro.

    En 2011, tras descubrir que algunas de esas armas fueron utilizadas en crímenes contra agentes estadounidenses, el Gobierno mexicano, entonces encabezado por Felipe Calderón, presentó una queja a Washington para descubrir sus intenciones y ejecución. Desde entonces, el expresidente ha defendido que su administración no tenía conocimiento de que la ATF introdujo armas al país.

    El 11 de mayo, el Gobierno mexicano solicitó a EEUU a través de un nota diplomática que le proporcione toda la información con respecto al operativo.

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