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    El coronavirus en México (75)
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    Una protesta por temor a contraer el COVID-19 fue reprimida en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, por oficiales del Instituto Nacional de Migración mexicano y la Guardia Nacional militarizada en la tarde del lunes 23 de marzo de 2020.

    Fue organizada en un intento de conseguir controlar a los migrantes y refugiados ante las pésimas condiciones sanitarias y de hacinamiento en las que son mantenidos en México.

    En las Estaciones Migratorias de México vive un número no estimado de personas —que cambia diario, porque las 32 que hay en el país siguen recibiendo gente en medio de la pandemia— sin las mínimas condiciones de atención sanitaria o higiene acordes a la recomendación mundial de lavarse las manos 30 veces por día como medida básica de control frente al coronavirus.

    La crisis de este sistema —que recluye por defecto a miles de personas que no han cometido ningún delito— es generalizada en el país y, según comentaron varias fuentes calificadas a Sputnik, las autoridades migratorias han apelado a la Iglesia y organizaciones sociales que atienden el tema migratorio para paliar la crisis, ante la falta de atención del Gobierno central.

    El episodio represivo desató una comunicación de la Comisión Nacional de derechos humanos respecto a la situación "preocupante" de las Estaciones Migratorias, que no menciona el evento narrado en esta nota periodística.

    Por su parte, a la misma hora y fecha, el Instituto Nacional de Migración publicó su comunicado que tampoco menciona el hecho pero sí refiere las medidas de esa institución para sus trabajadores ante los riesgos del COVID-19. No detalla cuál es la atención para personas recluidas a su cargo ante este virus de rápido contagio ni explica el motivo del uso arbitrario de la fuerza durante la jornada previa para acallar la protesta en la Siglo XXI que describiremos a continuación.

    Desde el Grupo impulsor contra la detención migratoria y la tortura exigen que, si México no tiene la capacidad para brindar condiciones adecuadas a estas personas, debe promoverse la liberación inmediata de todos los migrantes y refugiados que están recluidos arbitrariamente en el país.

    La represión del lunes 23

    "Estábamos alertando desde la semana pasada a las autoridades migratorias que urgía que tomaran una decisión en este tema, para no poner en riesgo a las personas detenidas, muchas de ellas que están en proceso de conseguir asilo en el país, niñas y niños, mujeres", explicó a Sputnik Rita Robles, integrante del Centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova, Chiapas.

    Cuando entraron este martes 24 de marzo a hacer su visita semanal de seguimiento de casos, les relataron cómo el día anterior alrededor de las cinco de la tarde un grupo de entre 50 y 70 personas se concentraron en el patio del módulo de hombres de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas y protestaron por la "prolongación indefinida de los tiempos de detención y exigir su puesta en libertad o devolución a sus países de origen".

    A su vez, según un comunicado emitido este miércoles 25 de marzo por los defensores de DDHH que integran el Colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano, "las personas manifestaron temor por contraer el COVID-19 y anunciaron su intención de iniciar una huelga de hambre si no se les ponía en libertad".

    El reclamo fue reprimido primero por la brigada de seguridad interna de la Estación Migratoria, que está compuesta por exagentes de la Policía Federal, a quienes luego se sumó una veintena de elementos de la Guardia Nacional militarizada, que funge como policía migratoria desde junio de 2020.

    Lo preocupante fue que los migrantes denunciaron el uso de gas pimienta y chorros de agua para disuadir al grupo por la fuerza, además de golpizas y la sustracción de un número no determinado de personas del sitio con destino desconocido, conformando un delito de desaparición forzada, cometido por agentes del Estado.

    "Una vez que lograron reducir al grupo, los agentes arrastraron a las personas a los baños donde no hay cámaras de vigilancia en una medida de castigo y, aplicando violencia absolutamente desproporcionada, elementos de la Guardia Nacional golpearon a las personas y los condujeron a un autobús, con rumbo desconocido", dice el comunicado ya citado.

    ¿Quién atiende la emergencia migrante?

    La hermana Magda integra la dimensión de la pastoral de la movilidad humana de la Iglesia Católica —que sostiene 120 albergues para migrantes en México— y trabaja desde su propio albergue en la Ciudad de México, donde forma parte de la Red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes (Redodem) que unifica a 23 albergues y otros espacios a la población en tránsito por México, presentes en 13 estados de la República.

    Su lectura de la reacción gubernamental ante el COVID-19 es de tranquilidad ante el paso escalonado que ha caracterizado la atención en México de esta pandemia mundial, que organizó una "fase dos" de alerta ante casos de transmisión local sin entrar aún en medidas de emergencia como sí lo ordenó el presidente Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo.

    "México es un país con un alto índice de población migrante que está en diferentes situaciones y condiciones; tampoco es lo mismo estar en la frontera norte que en la sur, o en el centro del país", explicó hermana Magda para graficar la complejidad del momento e identificó al menos cuatro situaciones distintas de atención primordial:

    • La gente que está alojada en albergues vinculados a la Iglesia y la sociedad civil;
    • La gente que ya vive independiente de esta red de albergues para migrantes y que ya están en su propio espacio, aunque aún en situación de vulnerabilidad;
    • La gente que está en situación de calle, muchas de ellas esperando avances en trámites de asilo;
    • La gente que está recluida en estaciones migratorias.

    "Tanto los albergues del sur como del norte del país están saturados. No estamos viendo alternativas para acoger a toda esta población, y por eso los albergues más grandes hemos decidido cerrar y solo quedarnos con la gente que tenemos", explicó a Sputnik.

    Por un lado, refirió que el comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos conmina a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que facilite el regreso de personas que quieren volver a sus países en Centroamérica y que no pueden hacerlo debido al cierre de la frontera terrestre con Guatemala.

    La hermana Magda explicó a Sputnik que desde el Instituto Nacional de Migración les han solicitado ayuda para reorganizar a la gente que tienen detenida en las estaciones migratorias, y ubicarlos en otros albergues que tengan disponibilidad en el país.

    "En los albergues, la gente está segura porque nos hemos responsabilizado y hemos armado propuestas de trabajo ante la pandemia, el problema es la gente que está en las estaciones migratorias y por eso es urgente que se habiliten otros espacios, pero no lo están haciendo, están acudiendo otra vez a nosotros", graficó.

    Por lo pronto, la red civil de albergues ha respondido al llamado y ha aceptado trasladar migrantes de grupos vulnerables a albergues más desahogados del estado de Querétaro, en el centro del país. También han alojado migrantes y solicitantes de asilo en hoteles, por medio de la atención del Programa Casa de Refugiados.

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