"La aprobación de algunas leyes estatales es un avance significativo, sin embargo, habrá que redoblar esfuerzos para que estas sean efectivamente puestas en práctica y para avanzar, también, en la mayoría de los estados donde todavía no hay marco legal adecuado", aseguró Jordi Raich, jefe de la delegación regional del CICR para México y América Central.
El responsable regional del organismo señaló que esta ley significó un gran paso en el reconocimiento y la atención del problema por parte de las autoridades.
El CICR trabaja en varios estados de la federación mexicana, entre ellos los más afectados por la violencia criminal, como Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Baja California.
Según cifras oficiales actualizadas la semana pasada, en este país hay 61.637 personas desaparecidas.
Raich señaló que una respuesta nacional coordinada implica el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda, la creación del un sistema único de información tecnológica en informática y la aprobación de un protocolo de búsqueda homologado, entre otros procedimientos de identificación forense.
"El desarrollo de esta respuesta requiere compromiso, involucramiento y coordinación de diversas autoridades, como fiscalías, comisiones de búsqueda, servicios forenses e instituciones de seguridad pública", agregó el responsable del organismo con sede en Ginebra.
"Es vital que las autoridades garanticen el involucramiento de las familias durante todo el proceso, respetando el principio de participación conjunta, que es parte esencial de la ley", puntualizó Raich.
Uno de los aspectos que el organismo considera más valiosos de la ley actual es que incorpora un "enfoque humanitario", centrado en las necesidades de las personas desaparecidas y sus familiares.
