Jan Jarab, representante permanente del organismo en este país, dijo que el documento es resultado de un análisis solicitado por el propio Gobierno federal basado en "una amplia revisión documental de material sobre el Mecanismo, tanto público como privado; realización de más de 100 horas de entrevistas a 147 personas, priorizándose a personas beneficiarias y funcionarias".
Jarab resaltó que "el desarrollo progresivo del Mecanismo representa un aprendizaje de seis años, resultado en gran parte de un compromiso de quienes trabajan y trabajaron en la institución", dijo en un comunicado.
Sin embargo, las capacidades del Mecanismo, particularmente a nivel de recursos humanos y económicos, "son al día de hoy insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección".
La cantidad de 36 funcionarios que laboran en esa instancia "no ha cambiado desde 2014, mientras el número de personas protegidas aumentó en 236% y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación".
Para este año, el Gobierno federal prevé que estará protegiendo 1.131 personas y que el gasto asociado será de 325 millones de pesos (unos 12 millones de dólares).
De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Mecanismo de Protección, en el 55% de los casos en que se identificaron los presuntos perpetradores "eran servidores públicos, quienes están sujetos a un grado de responsabilidad superior, por su obligación de respetar a quienes ejercen labores de periodismo y defensa de los derechos humanos y de abstenerse de ataques en su contra".
El diagnóstico revela que el Mecanismo "no cuenta con criterios de actuación que, entre otros aspectos, exploren la pertinencia de condenar públicamente cualquier ataque por parte de servidores públicos".
Los representantes de ACNUDH revisaron documentación de la actuación del mecanismo gubernamental en diferentes procesos, "incluido el acompañamiento permanente a su desarrollo desde 2012", dijo Jarab en un balance de la revisión.
La ONU-DH resalta la transparencia de la secretaría federal de Gobernación en este proceso, que hizo posible "comprender de manera profunda las fortalezas y las áreas de oportunidad del Mecanismo" de protección.
La importancia de esa instancia de protección fue reconocida por varias de las 62 personas beneficiarias entrevistadas por funcionarios del ACNUDH.
La evaluación fue hecha a solicitud de la secretaría federal de Gobernación que identifica fortalezas, buenas prácticas y áreas de oportunidad para orientar un proceso interinstitucional de fortalecimiento.
