"Hasta ahora, las indagatorias giran en torno a seis elementos de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE de Coahuila), que llevaban a cabo un operativo de localización de personas dedicadas a la venta de narcóticos", dijo la secretaría federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en un comunicado.
En los hechos suscitados el pasado miércoles cerca de las 8:00 de la noche locales (14:00 GMT) en Saltillo, capital de Coahuila, a 400 kilómetros de la frontera con EEUU, "murió una persona originaria de Honduras", confirmó la oficina del Gobierno de México en un comunicado conjunto con el Gobierno de Coahuila.
Sin embargo "ninguna corporación de seguridad o personal de alguna institución del Gobierno de México se encontraba en el lugar de los hechos", dice el posicionamiento conjunto.
"Todos los migrantes comenzaron a correr; y a los pocos segundos, mientras huían, vieron llegar otras camionetas negras de hombres armados, con pasamontañas, cascos y rodilleras, que comenzaron a dispararles", dijo a Sputnik el director del albergue, Alberto Xicoténcatl.
Autoridades federales deslindan responsabilidad
El comunicado conjunto rechaza la versión de los migrantes sobrevivientes, que integraban un grupo de indocumentados que partió del albergue hacia la estación de ferrocarril localizada a un kilómetro y medio, donde encontraron a otros centroamericanos que esperaban montar los techos de los vagones de "La Bestia" en camino a la frontera con EEUU.
"La operación que se llevaba a cabo no era de carácter migratorio y en ella participaban única y exclusivamente elementos de la Agencia de Investigación Criminal" de Coahuila, subraya el posicionamiento conjunto de los gobiernos federal y provincial.
Por su parte, el Gobierno local y la Fiscalía de ese estado puntualizan que, "tras los hechos, la Fiscalía General del Estado (Coahuila) inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades".
El resultado de las investigaciones busca que "se aplique la ley a quienes la transgredieron".
La secretaría federal de Seguridad reitera por su parte "su disposición de colaborar con el gobierno del estado de Coahuila en las investigaciones que pongan a disposición de las autoridades al presunto responsable de la muerte del migrante hondureño".
Tras el trágico desenlace, la fiscalía local reiteró "el pleno respeto a los derechos humanos de las personas que viven y transitan por el estado".
El director de ese refugio fundado hace 16 años, que integra una red de 15 albergues del norte del país, dijo que además de la niña de ocho años que presenció el momento en que su padre cayó herido, también está bajo custodia un bebé de dos años, "hijo de una mujer centroamericana que está detenida en la estación migratoria" de Saltillo.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el incidente y reveló que agentes de la fiscalía asumían la responsabilidad de la tragedia.
Esta semana, la cancillería mexicana informó que debido a esas acciones de control, las autoridades migratorias estadounidenses reportaron una reducción de 39% de la cantidad de arrestos de indocumentados durante julio, comparado con mayo pasado.
