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    Migrantes centroamericanos en México

    ACLU demanda a agencias de EEUU por espionaje contra activistas que ayudan a migrantes

    © REUTERS / Jose Cabezas
    América del Norte
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    WASHINGTON (Sputnik) — La organización no gubernamental Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California dijo que demandó a agencias de inmigración y al FBI por espiar a activistas que trabajaban con migrantes en la frontera con México, cuyos nombres figuraban en una lista secreta de las autoridades.

    "Hoy, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la firma de abogados Kirkland & Ellis LLP presentaron una demanda en la Corte de Distrito de Los Ángeles (suroeste) en nombre de tres activistas humanitarios que fueron colocados en una lista secreta de vigilancia del Gobierno por ningún otro crimen que su compasión", dijo la ACLU en un comunicado publicado en su web.

    La demanda incluye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por su sigla en inglés), al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al FBI; en ella se pide que cualquier información sobre los tres demandantes sea removida de la lista y se emita una orden para poner fin a la vigilancia.

    La existencia de la lista se conoció en marzo, cuando el canal de noticias NBC 7 reveló en un informe que el Gobierno estadounidense creó en octubre de 2018 una base de datos de periodistas, activistas y abogados que ayudaban a migrantes de las caravanas que desde octubre comenzaron a desplazarse desde Centroamérica con destino a EEUU.

    Según el informe, las autoridades también emitieron alertas para algunos de los pasaportes, una acción que permite a los agentes fronterizos y de inmigración detener e interrogar a las personas señaladas.

    Los tres demandantes son: Nora Phillips, cofundadora de la organización no gubernamental Al Otro Lado y quien en Los Ángeles brinda servicios de asesoramiento legal y de salud mental a migrantes e inmigrantes; Erika Pinheiro, cofundadora de esa institución que supervisa programas en los que estudiantes de derecho pueden ganar experiencia en la ciudad mexicana de Tijuana (noroeste); y Nathaniel Dennison, un documentalista, voluntario y creador de la fundación Through My Eyes, que trabaja con niños y sus comunidades.

    Los tres, que son ciudadanos estadounidenses, fueron interrogados o detenidos durante horas, y en algunos casos se les negó el ingreso en la frontera.

    A Phillips, las autoridades mexicanas la detuvieron al llegar al aeropuerto de Guadalajara (México, oeste) cuando viajó con su familia por vacaciones y la expulsaron del país; luego se le negó la visa con la que siempre se trasladó entre ambos territorios, indicó ACLU en el comunicado.

    En el caso de Pinheiro, quien vive en Baja California (México, noroste) y cruza varias veces al año la frontera por su trabajo, se le negó, según ACLU, el ingreso a México en enero debido a la alerta puesta por su nombre; y casi un mes después cuando pudo volver al país latinoamericano un funcionario le advirtió que posiblemente sería detenida e interrogada en otra ocasión.

    De acuerdo a la información brindada por ACLU SoCal, Denisson se trasladó a México en diciembre para trabajar como voluntario en un refugio, pero un mes después se le informó que se le había revocado su permiso y cuando intentó regresar a EEUU fue detenido e interrogado durante horas por agentes fronterizos.

    Más de medio millón de personas han sido detenidas desde octubre y miles de ellas permanecen hacinadas en instalaciones de las agencias de inmigración a la espera de una cita ante una corte.

    El Gobierno estadounidense considera que existe una crisis en su frontera sur por lo que militarizó la zona, reforzó los controles y amenazó a países de Centroamérica y a México, por donde pasan los migrantes, para que aumenten su ofensiva contra las caravanas.

    Además, implementó de manera unilateral la devolución de migrantes a México para que esperen allí el procesamiento de sus peticiones de asilo, aunque el Gobierno de Andrés López Obrador luego acordó los Protocolos de Protección a Migrantes, que llevan a los extranjeros a ciudades fronterizas consideradas peligrosas por organizaciones de derechos humanos.

    El lunes, el Gobierno de EEUU dijo que extenderá y acelerará las deportaciones de migrantes con menos de dos años en el país, suspendiendo la presentación en las cortes de inmigración lo que permitiría la expulsión en cuestión de días, en vez de meses como sucede actualmente.

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