"Al ordenar detener la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, el Poder Judicial demuestra que es un contrapeso real sobre decisiones injustificadas del Poder Ejecutivo, porque el cumplimiento de la ley no puede ser una cuestión aleatoria", dijo Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), organización que integra la coalición ciudadana que presentó 147 juicios de amparo contra la obra.
El Poder Judicial de la federación mexicana deberá revisar además la legalidad de la suspensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó cancelar amparado en una consulta organizada por una fundación de un colaborador cercano, en la que participó alrededor de un millón de personas, antes de asumir el cargo en diciembre de 2018.
"Las leyes ambientales están diseñadas para proteger el presente y futuro de la humanidad, no se pueden tomar a la ligera", prosiguió el portavoz que promueve la iniciativa.
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López Obrador dijo que acataría la resolución este martes y descartó que se retrasen las obras de construcción por las demandas legales, aunque afirmó que está preparado para que los opositores al proyecto acudan al Poder Judicial para apelar "amparo, tras amparo, pero vamos a cumplir con la ley, les vamos a demostrar que puede más la razón".
Orden presidencial bajo escrutinio
Los demandantes consideran además que la justicia federal debe establecer la legalidad de la orden del presidente de cancelar la construcción del NAIM, que llevaba entre 20 y 35% de avance, y costaría unos 15.000 millones de dólares en el lago disecado de Texcoco, ceca de la actual aeropuerto capitalino, que según los activistas generaría 46.000 empleos directos.
Según las organizaciones, la nueva obra en la base militar localizada fuera de la capital, a unos 35 kilómetros del actual aeropuerto, es "un riesgo para la seguridad aérea", al carecer de estudios técnicos, financieros, ni jurídicos suficientes.
El viejo aeropuerto de la Ciudad de México atendió en 2017 a 45 millones de pasajeros, un 30% más que su capacidad operativa original, pero las nuevas pistas en la base militar "no resolverían el problema de saturación que existe actualmente" en esa terminal internacional, argumentan.
"No se vale que mediante manipulación por parte de los funcionarios públicos actuales pretendan hacer a un lado lo que la ley mandata en todo momento, lamentablemente, eso es lo que hemos visto en muchos actos, incluyendo la cancelación de las obras en Texcoco", puntualizó el directivo de MUCD.
López Obrador advirtió que a pesar de que acatará la orden judicial, "no vamos a detenernos porque eso es afectar el desarrollo del país".
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"No Más Derroches" anunció que seguirá recurriendo a la vía legal en busca de la suspensión no solamente de la obra de Santa Lucía, sino de cualquier otro proyecto de infraestructura "que conlleve la destrucción de los ecosistemas y posibles violaciones a derechos humanos".
Además de MUCD, entre las organizaciones del colectivo está Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre otras.
