El Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador "tomó nota" de las recomendaciones, tras hacer una defensa del séptimo informe sobre la instrumentación de la convención internacional en la materia, presentada en abril pasado en la sede del organismo en Ginebra, dijo en un comunicado la cancillería.
Las recomendaciones "serán analizadas a la luz del renovado compromiso del Estado con el respeto irrestricto y la defensa de los derechos humanos, así como con la importancia que se ha concedido a la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos", dijo la oficina del canciller Marcelo Ebrard.
Las autoridades federales del país latinoamericano trabajarán en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, defensor del pueblo), la sociedad civil y los organismos internacionales de derechos humanos para aplicar "acciones que permitan prevenir y erradicar la tortura", dijo la secretaría de Relaciones Exteriores.
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Asimismo fue examinado el caso de 43 estudiantes normalistas de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2016, durante la sesión de tres días, a la que asistieron representantes de organizaciones de la sociedad civil.
"México continuará abierto al escrutinio internacional y pondrá un énfasis especial en que la cooperación que los diversos organismos, agencias y países han ofrecido, se dirija a hacer efectivo el marco jurídico existente para asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos en México, así como a perfeccionarlo, cuando así se requiera", puntualiza el anuncio de recepción de las recomendaciones.
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Diego Rodríguez Pinzón, integrante del Comité contra la Tortura de la ONU apuntó en Ginebra que "no obstante los avances en materia de legislación contra ese delito, el Comité debe anotar que sigue existiendo una alta incidencia de tortura y malos tratos en el Estado mexicano".
La encuesta nacional de Población Privada de Libertad 2016, muestra que "el uso de la tortura parece ser endémico, de acuerdo con los encuestados".
De las 64.150 personas entrevistadas para este estudio en 338 prisiones, 64% dijo haber sufrido violencia física durante el arresto, 35% denunció haber sido sometido a la asfixia simulada, a 52 se le amenazó con la presentación de falsos cargos y 28 informó de amenazas contra sus familiares.
