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    Debilidad fiscal y financiera del Estado mexicano frena la inversión social

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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La debilidad fiscal y financiera del Estado mexicano frena la inversión social para la construcción de un Estado social del derecho, dijo en entrevista exclusiva con Sputnik el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.

    "Es muy serio el problema de la debilidad fiscal y financiera del Estado mexicano en todos sus niveles, federal, estatal y municipal, que se convierte en un freno muy fuerte para la inversión pública", dijo Ramírez Cuéllas, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda).

    Otro grave desafío es la deuda pública que combinada con una recaudación fiscal, que es 6% menor al promedio latinoamericano, impone al Gobierno mexicano "serias limitaciones a los recursos requeridos para construir el Estado social de derecho que anhelamos y combatir la pobreza", explicó el legislador.

    Ramírez Cuéllar, organizador del reciente coloquio "Política tributaria, presupuesto, crecimiento económico y bienestar social", explicó la estrategia del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldada por la bancada oficialista.

    "Consiste en fortalecer las finanzas del Estado, con una plataforma de gasto público reforzado con una ley de austeridad, una mayor racionalidad en los egresos del Gobierno, y un reconocimiento a la honestidad y al manejo transparente de los dineros públicos", explica el antropólogo e historiador de profesión.

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    El gobierno federal que cumplió cinco meses "tiene la convicción de mantener la disciplina fiscal, para lograr en 2019 la meta de un superávit primario de 1%", es decir, el saldo positivo de ingresos menos el gasto público total, antes del pago de intereses.

    México logró en 2017 un superávit primario, por primera vez desde la crisis financiera global de 2008.

    "Buena parte del presupuesto se va al pago de la deuda y pensiones, restringiendo el margen de maniobra para la reconstrucción social y la inversión pública", explicó el principal responsable en el Congreso de vigilar el presupuesto, el gasto y la deuda federal.

    La deuda pública mexicana es alrededor de 48% del Producto Interno Bruto (PIB), y el servicio anual de ese pasivo es de 800.000 millones de pesos al año (unos 42.100 millones de dólares), mientras que el pago de pensiones es más elevado y ronda los 900.000 millones de pesos (alrededor de 47.350 millones de dólares).

    Remedios para la debilidad fiscal

    La recaudación fiscal de México en 2017 fue de 16% del PIB, el dato más reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), seis puntos menos que la recaudación tributaria promedio de la región, que es de 22% del PIB.

    Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, recomendó a México en una videoconferencia desde Santiago de Chile para el coloquio organizado por el Congreso y la Universidad Nacional Autónoma de México, cuatro medidas de política fiscal que requieren los ambiciosos programas sociales gubernamentales.

    Primero, recomienda "reducir la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos"; y segundo, impulsar "la adopción de impuestos a la economía digital, a la salud pública y medioambientales".

    La tercera medida es "cambiar los incentivos mediante impuestos ambientales", y la cuarta "reevaluar la renuncia tributaria, fortalecer el Impuesto sobre la Renta y el tributo de la propiedad inmobiliaria".

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    Asimismo, Bárcena apuntó que el gasto gubernamental debe actuar en tres niveles, primero, "proteger la doble inclusión laboral y social", segundo, "potenciar y reorientar la inversión pública en tecnologías innovadoras, energía, movilidad y comunicación"; y tercero "mantener la inversión pública".

    En tanto, Ramírez Cuéllar dijo que "sin ponernos de acuerdo previamente coincidimos con la plataforma financiera que propone la Cepal para las finanzas públicas".

    El experto señaló la urgencia de aumentar los ingresos fiscales en materia de patrimonio, el impuesto a la propiedad y las plusvalías de infraestructura.

    Al mismo tiempo, recomendó sancionar los delitos ambientales y reforzar el cobro del impuesto a los dueños de automóviles.

    El diputado federal reconoce otra coincidencia con la Cepal: la necesidad de fiscalizar el comercio electrónico.

    El legislador mencionó como ejemplo las experiencias de Perú, Uruguay, Colombia y Argentina, en materia de Impuesto al Valor Agregado y de impuesto especial al comercio digital.

    Finalmente, las catástrofes sanitarias por problemas de obesidad y cáncer deben ser encaradas con los impuestos al tabaco, al consumo de comida chatarra, bebidas azucaras y al alcohol para resolver la debilidad financiera federal.

    La meta es alcanzar el promedio de recaudación de los países de América Latina y El Caribe al final del sexenio de López Obrador, "al modificar la estructura tributaria sin aumentar tasas, ni crear nuevos impuestos, simplemente combatiendo la evasión fiscal", enfatizó.

    Si esas medidas se aprueban en septiembre de este año, "en 2020 podríamos alcanzar un incremento en la recaudación de dos puntos del PIB", pronosticó el legislador.

    Una recaudación de unos 480.000 millones de pesos (25.200 millones de dólares) "permitiría cumplir las necesidades de inversión planteadas por el Gobierno que requerimos en infraestructura, y programas sociales", estimó.

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    La corrupción también cuesta al Estado un monto similar, si se pierde en peculado un 10% de presupuesto federal (unos 25.000 millones de dólares).

    "Creo que en 2024, al final del sexenio, podemos alcanzar el estándar regional de América Latina y acercarnos a los niveles de recaudación de Brasil y Chile, que tiene una recaudación fiscal superior a la nuestra" puntualizó el especialista legislativo.

    La federación mexicana capta casi el 80% de los recursos públicos, los 32 gobiernos estatales 12% y los casi 2.500 municipios un 4%. 

    Etiquetas:
    economía, finanzas, México
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