Una proyección de los recursos y del tiempo necesario para una transformación eficiente "identifica 13,2 años necesarios para terminar con el rezago total de la institución", dijo Novoa, quien presentó este análisis a las autoridades federales.
"Hasta la fecha hay más de 160.000 casos de delitos sin resolver", a los cuales se deberán acumular los nuevos delitos que sean perpetrados, observó.
Novoa estima que el tamaño del reto para acabar con la impunidad en ese proceso de transición es tan grande que casi 70% de las investigaciones federales de delitos quedan sin resolver, sin considerar que más de 90% de los delitos no se denuncian.
"Solo el 68% de las investigaciones federales obtienen determinación judicial", lo que representa un rezago de más de 30% de las pesquisas, dijo Novoa.
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La investigadora enfatizó que entre sus principales preocupaciones está "la urgencia de salir de un rezago que asciende a 160.000 casos acumulados, tanto en el sistema de justicia tradicional como en el acusatorio, sin aumentar el riesgo de impunidad".
La principal diferencia es que "el nuevo sistema parte del principio de presunción de inocencia, por lo tanto, requiere de una investigación probatoria sólida y publicidad de juicios orales, con estándares elevados para inculpar a alguien", sostuvo Novoa.
La justicia mexicana histórica, en cambio, se forjó en un injusto sistema inquisitivo mixto, "en el que se construían culpables, se presumía la culpabilidad y no la inocencia", dijo.
Por ejemplo, al analizar los desenlaces de los casos en los primeros 10 meses de 2018, las principales determinaciones fueron que 36,6% terminaron en "no ejercicio de acción penal" y y 30,8% en "archivo temporal".
Además, entre 2014 y 2017 se registró un 61% de "impunidad directa en las investigaciones".
Novoa explicó a esta agencia que ese rango de archivo de casos en un país con un sistema eficaz "podría ser aceptable, porque en algún momento se reactivan por la capacidad de investigación de las corporaciones judiciales, cuando se cruzan en el tiempo con una sola línea de las pesquisas".
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En cambio, en el archivo temporal mexicano los delitos terminan prescribiendo, "nunca se activan ni se ligan a otros casos y pueden prescribir (en plazos de) entre dos y cinco años".
Plan de persecución penal
El estudio es "el primer eslabón de una serie de acciones para el seguimiento y la evaluación de la transformación de la procuración de justicia", para crear un observatorio abierto que hará monitoreo de los avances y riesgos.
Jaime dijo que existe una oportunidad para "enriquecer el diseño del plan estratégico de transición y aportar un análisis prospectivo sobre las necesidades y los recursos institucionales, como base para la toma de decisiones", para el equipo del nuevo fiscal general Alejandro Gertz Manero.
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La designación de un nuevo titular que fue imposible en el Congreso anterior "es un momento definitorio para esta institución, pues en 2019 la Fiscalía General debe integrar un plan estratégico de transición", dice el informe.
El estudio de México Evalúa es un "plan estratégico completo y detallado para garantizar el éxito de un proceso de transición" del cual dependerá la calidad de la procuración de justicia en este país en el que se perpetraron más de 200.000 homicidios en una década.
La transición del sistema de justicia ocurre en el marco del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que apenas cumplió 100 días y que impulsa otros planes como crear una nueva Guardia Nacional, integrada por policías federales, militares y marinos.
