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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La planificación de políticas públicas contra la impunidad mexicana en la transición de la vieja Procuraduría a la nueva Fiscalía General tardará más de 13 años, sin considerar los nuevos delitos, dijo a Sputnik la coordinadora del Programa de Justicia de la organización civil México Evalúa, María Novoa.

    Una proyección de los recursos y del tiempo necesario para una transformación eficiente "identifica 13,2 años necesarios para terminar con el rezago total de la institución", dijo Novoa, quien presentó este análisis a las autoridades federales.

    "Hasta la fecha hay más de 160.000 casos de delitos sin resolver", a los cuales se deberán acumular los nuevos delitos que sean perpetrados, observó.

    La investigación titulada "De PGR a FGR: lineamientos hacia la transición" fue entregada a expertos y autoridades federales, entre ellos Germán Castillo, representante de la Fiscalía General, y Humberto Domínguez, de la Unidad de Inteligencia Financiera.

    Novoa estima que el tamaño del reto para acabar con la impunidad en ese proceso de transición es tan grande que casi 70% de las investigaciones federales de delitos quedan sin resolver, sin considerar que más de 90% de los delitos no se denuncian.

    "Solo el 68% de las investigaciones federales obtienen determinación judicial", lo que representa un rezago de más de 30% de las pesquisas, dijo Novoa.

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    La investigadora enfatizó que entre sus principales preocupaciones está "la urgencia de salir de un rezago que asciende a 160.000 casos acumulados, tanto en el sistema de justicia tradicional como en el acusatorio, sin aumentar el riesgo de impunidad".

    A pesar de ese atraso, acumulado en cárceles y archivos, el problema de México está "en la falta de destreza de las autoridades en el manejo de las herramientas del nuevo sistema penal acusatorio, basado en juicios orales, porque seguimos funcionando como en el anterior sistema inquisitivo mixto", comentó.

    La principal diferencia es que "el nuevo sistema parte del principio de presunción de inocencia, por lo tanto, requiere de una investigación probatoria sólida y publicidad de juicios orales, con estándares elevados para inculpar a alguien", sostuvo Novoa.

    La justicia mexicana histórica, en cambio, se forjó en un injusto sistema inquisitivo mixto, "en el que se construían culpables, se presumía la culpabilidad y no la inocencia", dijo.

    La experta estima que los nuevos funcionarios tienen grandes retos para aplicar la nueva justicia penal acusatoria, que "es más garantista, permite atender la relación entre fiscales y personal de investigación, el despliegue territorial y posibles conflictos de funciones".

    Por ejemplo, al analizar los desenlaces de los casos en los primeros 10 meses de 2018, las principales determinaciones fueron que 36,6% terminaron en "no ejercicio de acción penal" y y 30,8% en "archivo temporal".

    Además, entre 2014 y 2017 se registró un 61% de "impunidad directa en las investigaciones".

    Novoa explicó a esta agencia que ese rango de archivo de casos en un país con un sistema eficaz "podría ser aceptable, porque en algún momento se reactivan por la capacidad de investigación de las corporaciones judiciales, cuando se cruzan en el tiempo con una sola línea de las pesquisas".

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    En cambio, en el archivo temporal mexicano los delitos terminan prescribiendo, "nunca se activan ni se ligan a otros casos y pueden prescribir (en plazos de) entre dos y cinco años".

    Plan de persecución penal

    Entre los objetivos a alcanzar y las estrategias para lograrlos se destaca un Plan de Persecución Penal, que establece la estrategia de intervención y delitos prioritarios, dijo en la presentación del estudio la directora general de México Evalúa, Edna Jaime.

    El estudio es "el primer eslabón de una serie de acciones para el seguimiento y la evaluación de la transformación de la procuración de justicia", para crear un observatorio abierto que hará monitoreo de los avances y riesgos.

    Jaime dijo que existe una oportunidad para "enriquecer el diseño del plan estratégico de transición y aportar un análisis prospectivo sobre las necesidades y los recursos institucionales, como base para la toma de decisiones", para el equipo del nuevo fiscal general Alejandro Gertz Manero.

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    La designación de un nuevo titular que fue imposible en el Congreso anterior "es un momento definitorio para esta institución, pues en 2019 la Fiscalía General debe integrar un plan estratégico de transición", dice el informe.

    La nueva ley orgánica de la Fiscalía General y la designación de su nuevo titular "fueron solo el punto de partida para transformar la procuración de justicia; aún queda un largo camino que recorrer", estimó Jaime.

    El estudio de México Evalúa es un "plan estratégico completo y detallado para garantizar el éxito de un proceso de transición" del cual dependerá la calidad de la procuración de justicia en este país en el que se perpetraron más de 200.000 homicidios en una década.

    La transición del sistema de justicia ocurre en el marco del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que apenas cumplió 100 días y que impulsa otros planes como crear una nueva Guardia Nacional, integrada por policías federales, militares y marinos. 

    Etiquetas:
    fiscal general, México
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