Los originarios de Tlanixco, en el central Estado de México que rodea la capital, estuvieron en prisión "de manera injusta, como represalia por su labor de defensa del agua", dijo el representante permanente de la ONU-DH en este país, Jan Jarab.
De los 11 años pasados en reclusión, más de diez fueron en régimen de "prisión preventiva oficiosa", antes de recibir una sentencia, dijo en un comunicado la oficina de la ONU-DH.
Las tres personas fueron "indebidamente sentenciadas en primera instancia", el 27 de noviembre de 2017, a 50 años de prisión cada una.
Jarab expresó que al menos diez relatorías y grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestaron sus inquietudes al Estado mexicano por la criminalización de los defensores de Tlanixco.
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"Después de años de injusta reclusión y de cuatro precedentes judiciales condenatorios, esta decisión confirma que se violó el derecho al debido proceso y es una señal del compromiso de las autoridades del Estado de México para combatir el arbitrario encarcelamiento de quienes defienden los derechos humanos", dijo el representante de la alta comisionada Michelle Bachelet.
Con respecto a ellos, Jarab señaló que "confiamos que pronto estos tres defensores criminalizados, quienes llevan más de 15 años en la cárcel, también obtendrán su libertad."
Asimismo, la ONU-DH resalta la criminalización de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, como indicó el relator especial de la ONU sobre los defensores de derechos humanos, Michel Forst.
Tras su visita a México el informe del relator refiere cómo las comunidades indígenas que se oponen a proyectos a gran escala para explotar recursos naturales en sus territorios, "se enfrentan con acusaciones penales, por protestar contra dichos planes", aunque no hayan sido consultadas al respecto.
Finalmente, la ONU-DH hizo un llamado a las autoridades mexicanas para asumir las garantías de no repetición, "previniendo y sancionando la desviación de poder que supone la criminalización de quienes desarrollan una función esencial para el fortalecimiento de la democracia".
Jarab alentó a la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa, por ser "incompatible" con las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
