"La delegación de alto nivel que representó al Estado mexicano reconoció retos en materia de derechos humanos, especialmente en el tema de desapariciones", informó en un comunicado el despacho de la secretaria federal de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Los representantes del Estado, altos funcionarios de la cancillería la procuraduría federal y responsables de la política interior "refrendaron su compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y señalaron que el nuevo Gobierno tendrá puertas abiertas para el escrutinio internacional", indica el informe oficial.
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Asimismo, solicitaron a la CIDH que, en el marco de sus atribuciones, acompañe la atención que, desde todos los órdenes de Gobierno se dará a las desapariciones ocurridas esa provincia mexicana, así como para el intercambio de experiencias con otros países en materia de mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.
Del mismo modo, la representación del país latinoamericano asumió el compromiso de garantizar la "coadyuvancia de las víctimas en las investigaciones", así como en la búsqueda de las personas desaparecidas que suman más de 35.000 en la última década.
Finalmente resaltó el papel que ha tenido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, establecida por el Gobierno anterior del presidente Enrique Peña Nieto para velar por la garantía de los derechos de las víctimas.
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La delegación mexicana sostuvo una reunión con el mecanismo especial de seguimiento al asunto Ayotzinapa en la CIDH, en la que se abordó el decreto presidencial que instruye a establecer "condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares" de 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014, "a la verdad y al acceso a justicia".
