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    Defensores de DDHH exigen justicia por "guerra sucia" de tres décadas en México

    CC BY 2.0 / Esparta Palma / Angel Celebrado
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Estado mexicano ha violado el derecho a la verdad y la justicia por crímenes cometidos durante la llamada "guerra sucia" contrainsurgente durante tres décadas, de 1960 a los años 1980, dijeron organizaciones defensoras de derechos humanos que presentaron una demanda legal conjunta.

    "El Estado mexicano, debe garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a miles de víctimas del periodo histórico conocido como la Guerra Sucia, caracterizado por represión estatal y violaciones sistemáticas de derechos humanos", dijeron en una demanda legal el jesuita Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 y el grupo independiente Indignación

    Este 2 de octubre se cumplen 50 años de la masacre de la Plaza de Tlatelolco, cometida el 2 de 1968, donde murieron unos 60 jóvenes estudiantes universitarios y dos militares, según la fiscalía especial que investigó el caso, y entre 100 y 150 según el Consejo Nacional de Huelga estudiantil de aquel año.

    "Gran parte de la sociedad mexicana desconoce a plenitud que sucedieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos", denunciaron las organizaciones.

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    Las formaciones presentaron una demanda judicial para exigir a la Justicia federal que el Gobierno de México "subsane esta omisión histórica", dice el documento.

    En este marco, la cartera federal de Educación Pública "ha violado el derecho a la verdad de la sociedad mexicana en su conjunto, por no incluir en sus programas educativos la enseñanza de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en México durante la Guerra Sucia de los años 60, 70 y 80", según la demanda.

    Esa omisión impide que existan "políticas de memoria histórica", para reivindicar a las víctimas y sus familiares en una época en la que las organizaciones calculan más 600 personas desaparecidas. 

    Educar sobre las atrocidades del Estado

    Los actuales programas educativos carecen de contenidos educativos que permitan visibilizar las atrocidades cometidas por el Estado mexicano.

    Esos programas "debieran formar parte de políticas de reconocimiento, no-repetición, memoria y verdad", fundamentales en toda sociedad democrática, exige la demanda.

    "En el marco internacional de la llamada Guerra Fría, México, al igual que el resto de América Latina, fue escenario de represión estatal a todo tipo de disidencia y movimientos sociales, desde censura y encarcelamientos políticos, hasta masacres, tortura y desapariciones forzadas", denuncian las organizaciones.

    Esa época corresponde a los mandatos de los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), José López Portillo (1976-1982) y Miguel de, la Madrid (1982-1988).

    La masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968 fue un capítulo que se enmarca en una estrategia de represión estatal que provocó "violaciones sistemáticas a los derechos humanos a la vida, la libertad e integridad personales" que ocurrieron durante la llamada "guerra sucia".

    Otros casos como la llamada Matanza del Jueves de Corpus de 1971 así como la represión en áreas rurales, como la operaciones "Telaraña" y "Vuelos a Oaxaca", fueron perpetradas en ese periodo de represión estatal reconocido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDH, ombudsman federal), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero.

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    Un informe especial de la CNDH estima alrededor de 500 desapariciones forzadas ocurridas en la década de los años 1970 y principios de los 1980.

    Sin embargo, otro informe estima que la cantidad de desapariciones forzadas totales suman 771, según el llamado Informe Histórico final de 2006, presentado por la Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por el Gobierno del expresidente Vicente Fox (2000-2006).

    Esa fiscalía fue cerrada por el siguiente gobierno de Felipe Calderón en 2007, "sin lograr el acceso a la justicia" y sin construir una narrativa sobre qué ocurrió y por qué razones, prosigue el documento.

    En consecuencia, el Estado Mexicano lleva 50 años sin reconocer graves crímenes en contra de los derechos humanos, un mensaje que indica que pueden permanecer impunes y sin consecuencias.

    En el año 2016, el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes de la CIDH fue creado para investigar la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la Escuela de Ayotzinapa, desparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, que recomendó garantizar el derecho a la verdad por los crímenes de la "guerra sucia".

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    El Juzgado Séptimo en materia administrativa en la Ciudad de México, recibió el pedido de un juicio de amparo abierto, y tiene la oportunidad de emitir "una sentencia histórica" que reivindique a las víctimas, puntualizaron.

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    Masacre de Tlatelolco, México