En el tema de inseguridad y pacificación, "llegamos al acuerdo de que, para ganar tiempo, se van a presentar iniciativas de reforma a las leyes con el propósito principal y específico de que se apruebe la creación de la secretaría de Seguridad Pública, desde el inicio del nuevo periodo de sesiones" del próximo Congreso, dijo el líder de la izquierda nacionalista al final del encuentro en Palacio Nacional.
En la prolongada transición mexicana de cinco meses, el próximo Congreso elegido en los comicios generales del 1 de julio, igual que la elección del titular del Poder Ejecutivo, comenzará los trabajos el 1 de septiembre próximo, tres meses antes que comience el nuevo mandato presidencial 2018-2024.
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En otro gesto de tersura en la transición, el presidente saliente también aceptó comenzar el proceso para designar al fiscal general, un cargo que el Congreso saliente no pudo designar en los dos últimos años del mandato de Peña Nieto, mientras que la procuraduría general, y las fiscalías anticorrupción y electoral, siguen acéfalas, con titulares interinos.
"Lo mismo acordamos para iniciar el proceso de la elección del nuevo fiscal general de la República; queremos tener desde el inicio del gobierno la secretaría de Seguridad Pública y la fiscalía general con las dos fiscalías complementarias: la fiscalía anticorrupción y la fiscalía electoral", detalló.
El proceso consiste en que el presidente envía una terna de candidatos al Congreso, que serán acordados con el sucesor.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos proponen una reforma constitucional, para despolitizar la elección de los tres fiscales, y que sean autónomos e independientes de los poderes políticos y económicos.
Finalmente, acordaron tener una reunión del gabinetes saliente y entrante el 20 de agosto próximo para discutir temas como la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
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El Estado Mayor Presidencial, dejará de encargarse de la seguridad del próximo mandatario y un grupo de 20 mujeres y hombres serán capacitados para esa tarea, anunció el futuro presidente.
"Me van a cuidar también los policías, los soldados, los marinos, los ciudadanos", dijo López Obrador a periodistas en un salón del Palacio Nacional.
Los dos líderes políticos también deben acordar el proyecto de ley de ingreso y presupuesto del gasto público de 2019, que debe ser enviado antes del 1 de diciembre al nuevo Congreso, en el que las fuerzas del mandatario electo tendrán más de la mitad de asientos, pero menos de las dos terceras partes de legisladores, requeridas para poder modificar la Constitución.
Esta es la tercera alternancia presidencial en la historia nacional posterior a la Revolución Mexicana desatada en 1910, después del triunfo de Vicente Fox en el año 2000, y del regreso del PRI a la presidencia 12 años después con Peña Nieto, en el 2012.
López Obrador trasladará la sede del titular del Ejecutivo de la residencia de Los Pinos al Palacio Nacional, frente a la catedral metropolitana, que se comenzó a construir en el siglo XVI y fue reconstruido para ser sede de los poderes públicos durante el siglo XIX, y oficina presidencial hasta 1968.
