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Relatora de ONU sobre pueblos indígenas advierte sobre impacto de megaproyectos en México

© AP Photo / Dario Lopez-MillsExtracción de petróleo en México (archivo)
Extracción de petróleo en México (archivo) - Sputnik Mundo
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los megaproyectos en las industrias energéticas y extractivas de recursos naturales, entre otros planes implementados en México, son un "reto mayúsculo" para los derechos de los pueblos indígenas, dijo la relatora especial sobre estos colectivos de la Organización las Naciones Unidas Victoria Tauli-Corpuz.

"Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo, constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas", dijo la relatora en un documento difundido en vísperas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra este jueves 9 de agosto.

La investigación independiente fue elaborada con base en una visita de la relatora especial a México del 8 al 17 de noviembre de 2017 que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo mes de septiembre en la sede de Ginebra.

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"A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos", indica el documento sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en México, que presenta sus conclusiones y recomendaciones.

Estos problemas se están desarrollando "en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos", indica un pasaje de las conclusiones del documento de 35 páginas.

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Recomendaciones de la ONU

La relatora especial expresa sus recomendaciones a México "para crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación".

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El documento analiza en tres capítulos la "identificación de los pueblos indígenas", el marco jurídico e institucional de sus comunidades, y sus preocupaciones principales.

Distintas problemáticas de los 68 pueblos originarios de este país latinoamericano están relacionadas con "sus tierras, territorios y recursos naturales; prioridades de desarrollo, megaproyectos, consulta y consentimiento; libre determinación y participación política; violencia, impunidad y acceso a la justicia; derechos económicos, sociales y culturales", indica el resumen.

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La situación actual de los pueblos indígenas en México "refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país", sentencia el documento.

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Esa brecha sigue creciendo, "en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas", ante lo cual recomienda el impulso de un desarrollo sostenible con un enfoque de derechos humanos.

"También urgen medidas para resolver los problemas de violencia e inseguridad, así como la pobreza, marginación y discriminación estructural", dice la relatora.

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Tauli-Corpuz es líder del pueblo indígena kankanaey igorot de la región de la cordillera en Filipinas y recibió su mandato como relatora especial de la ONU en 2014.

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El Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado hace 25 años, la aprobación de una ley minera en los años 1990, una reforma agraria y la reciente reforma energética, autorizaron actividades legales sobre el uso del territorio de las comunidades indígenas, donde se implementan al menos 950 megaproyectos de las industrias extractivas en todo el país, dijo en una entrevista con Sputnik el experto Edmundo del Pozo, del centro de análisis Fundar.

"Esos proyectos se implementan en gran parte del territorio de comunidades indígenas, de los cuales más del 60% son canadienses", indicó De Pozo.

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Los gobiernos mexicanos han autorizado más de 24.700 concesiones para proyectos mineros que afectan a 20 millones de hectáreas, según el coordinador del programa Territorio, Derechos y Desarrollo del centro Fundar. 

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