"Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo, constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas", dijo la relatora en un documento difundido en vísperas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra este jueves 9 de agosto.
La investigación independiente fue elaborada con base en una visita de la relatora especial a México del 8 al 17 de noviembre de 2017 que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo mes de septiembre en la sede de Ginebra.
Estos problemas se están desarrollando "en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos", indica un pasaje de las conclusiones del documento de 35 páginas.
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Recomendaciones de la ONU
La relatora especial expresa sus recomendaciones a México "para crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación".
Distintas problemáticas de los 68 pueblos originarios de este país latinoamericano están relacionadas con "sus tierras, territorios y recursos naturales; prioridades de desarrollo, megaproyectos, consulta y consentimiento; libre determinación y participación política; violencia, impunidad y acceso a la justicia; derechos económicos, sociales y culturales", indica el resumen.
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La situación actual de los pueblos indígenas en México "refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país", sentencia el documento.
"También urgen medidas para resolver los problemas de violencia e inseguridad, así como la pobreza, marginación y discriminación estructural", dice la relatora.
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Tauli-Corpuz es líder del pueblo indígena kankanaey igorot de la región de la cordillera en Filipinas y recibió su mandato como relatora especial de la ONU en 2014.
"Esos proyectos se implementan en gran parte del territorio de comunidades indígenas, de los cuales más del 60% son canadienses", indicó De Pozo.
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Los gobiernos mexicanos han autorizado más de 24.700 concesiones para proyectos mineros que afectan a 20 millones de hectáreas, según el coordinador del programa Territorio, Derechos y Desarrollo del centro Fundar.