En diciembre de 2016 el Congreso estadounidense aprobó la Ley Global Magnitski de Responsabilidad de Derechos Humanos, que permite imponer prohibiciones de visa y sanciones específicas a personas en cualquier parte del mundo y de cualquier nacionalidad que, a criterio del Poder Ejecutivo, hayan sido "responsables de cometer violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción significativa".
Es decir, las autoridades de Washington se arrogaron la potestad de responsabilizar y sancionar a ciudadanos extranjeros, sin pasar por la Justicia de su país de origen, y aunque no hubieran cometido delitos en suelo estadounidense.
El senador Ben Cardin, un demócrata de Maryland, presentó una versión del proyecto de ley en 2015, y cinco senadores republicanos y cinco senadores demócratas firmaron como copatrocinadores. El presidente Barack Obama firmó la ley el 23 de diciembre de 2016.
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En una carta enviada a los miembros del Congreso el 20 de abril de 2017, el presidente Trump ratificó el "apoyo de su administración a esta legislación importante" y el "compromiso con su cumplimiento robusto y exhaustivo". Trump también señaló que su administración estaba en el proceso de identificar personas y entidades a quienes se les debe aplicar el acto y "recopilar la evidencia necesaria para aplicarlo".
El comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, el comité de Relaciones Exteriores en el Senado, el comité de Servicios Financieros y el comité de Asuntos Exteriores en la cámara también pueden presentar nombres al presidente.
La Ley Global se basó en la Ley Magnitski, de diciembre de 2012. Se trata de una Ley bipartidista aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y firmada por Obama, que surgió para responsabilizar a funcionarios rusos por la muerte del contable fiscal ruso Sergei Magnitski en una prisión de Moscú en 2009.
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En 2012 el Congreso estadounidense también impuso sanciones a una lista de funcionarios rusos que consideraron eran responsables de graves violaciones de los derechos humanos, se les congeló todos los activos estadounidenses que poseían y se les prohibió el ingreso a los Estados Unidos.
En 2017 el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que su país considera que "esas sanciones son ilegales, hostiles, y no estamos de acuerdo con ellas".
