"La Comisión Permanente condenó enérgicamente el incidente ocurrido el sábado pasado ante las instalaciones del Consulado General de México en la ciudad de Nueva York, en donde un grupo de manifestantes gritaron consignas racistas y repartieron panfletos en contra de la comunidad migrante mexicana", dice el comunicado.
El texto acordado por 37 congresistas de todas las fuerzas políticas, 18 de la Cámara de Diputados y 19 de la Cámara de Senadores, destaca "las aportaciones de los mexicanos en la economía de los Estados Unidos y sus contribuciones a las comunidades en las que residen, las cuales merecen respeto a sus derechos y su dignidad, en un clima de pluralidad y tolerancia".
Senadores y diputados solicitaron a los representantes ante organismos y parlamentos internacionales que utilicen todos los recursos diplomáticos para impulsar "las medidas necesarias para detener los actos discriminatorios en contra de migrantes mexicanos".
El documento fue enviado a los representantes ante organismos y parlamentos internacionales, y al Congreso de EEUU.
Te puede interesar: Congreso de México plantea cesar cooperación con EEUU por su política migratoria
Según datos del Senado, más de 400 migrantes indocumentados de origen mexicano han sido asesinados en los últimos años en EEUU, mientras que los actos discriminatorios "dejarán pérdidas económicas sociales, morales y de vidas humanas".
La Comisión Permanente pidió a la cancillería mexicana para que refuerce la protección consular en 50 estados de EEUU para ofrecer asistencia legal a inmigrantes mexicanos que sufren discriminación.
El Gobierno mexicano presentó el martes 31 de julio una nota diplomática al Departamento de Estado de EEUU para manifestar "su más profundo rechazo a estas prácticas racistas y xenofóbicas que son fuente de encono y discriminación, que deterioran el clima en el que se desarrolla la relación bilateral".
Noticia relacionada: Estados Unidos "no asume sus responsabilidades internacionales en materia de asilo"
El episodio más reciente fue la separación de más de 2.000 menores de sus padres, madres y familiares detenidos sin documentos y sometidos a procesos judiciales federales.