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Procuraduría de México ofrece recompensa para encontrar a dos funcionarios secuestrados

© AFP 2023 / Pedro PardoUn policía mexicano
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Procuraduría General de la República (PGR) de México ofreció una recompensa por casi 80.000 dólares a cambio de información útil para localizar a dos auditores federales secuestrados desde julio de 2016 en el estado de México (centro del país).

"El acuerdo específico por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización de Saúl Ortega Montiel y Hugo Arochi Roa, víctimas de los delitos de secuestro y los que resulten", publicó la fiscalía en el Diario Oficial de la Federación, incluyendo las fotografías de los dos funcionarios.

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Tras el secuestro de los dos auditores del Servicio de Administración Tributaria el 16 de junio de 2016 en el municipio de Tlatlaya, la Unidad Especializada en Investigación de Secuestro inició el 21 de junio de ese año una pesquisa sobre ese delito "en agravio de Saúl Ortega Montiel y Hugo Arochi Roa".

El organismo investigador de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada dijo que "el monto de la recompensa será de hasta un millón 500 mil pesos (casi 80.000 dólares)", por la localización de los dos auditores.

Ese monto se entregará a quien o quienes aporten la información "de acuerdo a los criterios establecidos en el acuerdo".

La información que aporten los particulares sobre los hechos será recibida en la sede central de la unidad contra la delincuencia organizada de la PGR en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, o llamando a sus teléfonos oficiales.

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La recompensa que señala el acuerdo no será aplicable a los funcionarios encargados de la seguridad pública, la administración de justicia y la ejecución de sanciones penales.

También "están excluidos sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles", dice el anuncio.

Las autoridades tomaron esa medida para el arresto de probables responsables de esos dos secuestros sin resolver que, "por su gravedad y grado de violencia, atentan contra la tranquilidad y la paz pública, obstaculizan la actuación normal de las instituciones públicas e impiden el desarrollo social".

La participación de la sociedad en el combate a la delincuencia "debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en la ley, y en condiciones tales que incentiven la colaboración con la procuración de justicia, con la mayor seguridad para las personas y familias de quienes presten auxilio a la autoridad", puntualiza el documento publicado en el Diario Oficial.

Más de 34.000 personas aparecen en el oficial Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas desde que comenzó la guerra abierta contra el crimen organizado en 2017 con despliegues militares en este país latinoamericano.

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