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    Abogados piden confirmar sentencia por tortura sexual contra militares en México

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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Abogados de organizaciones civiles pidieron al juez encargado del caso de Valentina Rosendo Cantú, quien sufrió abusos y tortura sexual de militares, que ratifique la sentencia que ha sido apelada por los miembros del Ejército de México.

    Los organizadores de la campaña "Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual" reconocen que la "sentencia histórica" emitida por la jueza Iliana Fabricia Contreras "pone límites a los abusos militares", y llaman al magistrado Cantú a "garantizar la progresividad de los derechos de las mujeres".

    Esa sentencia a favor de la joven indígena de la etnia me'phaa, quien fue violada siendo menor de edad en el año 2002, por militares que la atacaron cuando lavaba ropa en un río, sentó un precedente, al considerar "que una violación sexual puede constituir tortura, aún cuando consista en un solo hecho y ocurra fuera de instalaciones del Estado".

    Ese dictamen judicial estima, por primera vez en la justicia mexicana, que "la intencionalidad, la severidad del sufrimiento y la finalidad del acto implicó una violación a la integridad personal de la señora Rosendo Cantú, constituyendo un acto de tortura".

    La sentencia judicial confirmó en forma inédita una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señaló, en una condena contra el Estado mexicano en 2010 que la violación sexual es "un medio especial de tortura, pues impacta en la dignidad de las mujeres".

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    La Suprema Corte de Justicia de México también indicó que "la violencia sexual tiene causas y consecuencias específicas de género, ya que se utiliza como forma de sometimiento y humillación, y como método de destrucción de la mujer, lo que inclusive puede derivar en una forma de discriminación extrema".

    Una larga batalla judicial

    La investigación del caso comenzó ante la justicia militar en México, donde la denuncia fue rechazada por los jueces castrenses.

    Tras el fallo sin precedentes, emitido el 1 de junio pasado, los militares sentenciados, Armando Pérez Abarca y Nemesio Sierra García, apelaron la resolución.

    Los expedientes fueron remitidos ante un tribunal de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, sur de México, donde ocurrieron los hechos.

    El magistrado de este tribunal resolverá sobre esa apelación de la causa penal y las organizaciones defensoras del caso exigen que la sentencia se confirme y rechace la apelación de los militares, como "un precedente muy relevante para la exigencia de justicia".

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    La sentencia podría impactar en otros casos de mujeres violadas como forma de tortura, como las manifestantes del pueblo de Atenco, que fueron torturadas y violadas por policías, después de ser detenidas en una protesta contra la construcción de un aeropuerto en 2006, y otros casos de mujeres sobrevivientes de tortura sexual en México.

    La tortura sexual "incluye una gama de actos intencionales que causan sufrimiento, valiéndose de la condición de mujer de las víctimas para intimidar, coaccionar, degradar, humillar, castigar o controlar, entre otros fines", dicen los organizadores de la campaña.

    El caso también ilustra "los efectos nefastos de la militarización en el país" donde las tropas cumplen funciones de seguridad pública.

    Las organizaciones promotoras son el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" de Guerrero, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el jesuita centro de DDHH "Miguel Agustín Pro Juárez", la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y las Asociadas por lo Justo. 

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