El ganador de las elecciones presidenciales informó en conferencia de prensa que habló con los nuevos congresistas "para que actúen como verdaderos siervos de la nación", una expresión utilizada en el siglo XIX para nombrar a los próceres de la independencia nacional.
"De forma respetuosa, pongo en manos de ustedes, diputadas, diputados, senadoras y senadores electos, la primera relación de posibles reformas que pondremos a consideración del Congreso para llevar a cabo la cuarta transformación del país", dijo el líder de izquierda, de 64 años.
La próxima fuerza legislativa del titular del Ejecutivo es suficiente para aprobar proyectos presupuestales y leyes, siempre y cuando no se refieran a reformas constitucionales, o nombramientos de otros poderes, como fiscales y magistrados.
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Esa fuerza no es suficiente para tener la "mayoría calificada", de tres cuartas partes de ambas cámaras, que la ley exige para poder modificar la Constitución y nombrar ministros de la Suprema Corte o Fiscal General de la Nación, que además requiere el voto de más de la mitad de los 32 congresos de los estados federales.
Esa formación, encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá mayoría absoluta, con 306 de los 500 curules de la Cámara de Diputados; y 69 de los 128 asientos del Senado.
López Obrador le ha pedido a su próxima bancada sujetarse a tres principios básicos: "no mentir, no robar, no traicionar".
Los proyectos de ley
La primera iniciativa de ley busca modificar la Constitución "para que ningún funcionario gane más de lo que percibe el presidente de la República", lo cual requiere reformar el artículo 127 de la carta magna.
"No me subiré al avión presidencial, y no pueden ganar más que el presidente", dijo el mandatario electo sobre el proyecto, que envía un mensaje de austeridad y supresión de privilegios.
La segunda iniciativa es para reformar la Constitución y crear la secretaría de Seguridad Pública.
El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto eliminó esa secretaría y transfirió sus atribuciones a Gobernación, cartera encargada de la política interior.
La tercera iniciativa es para "que el presidente pueda ser enjuiciado por corrupción y delitos electorales, así como la eliminación del fuero para todos los funcionarios", lo cual requiere modificar el artículo 108 de la Constitución.
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El cuarto lugar, López Obrador mencionó un proyecto de ley para "considerar delitos graves y sin derecho a libertad bajo fianza la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades".
El sexto busca trasladar el Estado Mayor Presidencial, que sirve a la residencia oficial de Los Pinos, a la cartera de la Defensa Nacional, mientras que el mandatario despachará desde el Palacio Nacional, edificio histórico que había sido relegado a ceremonias de protocolo.
La séptima iniciativa consiste en revertir el reciente "decreto de la privatización del agua", impulsado por el presidente saliente.
Antes de las elecciones, el Fondo Mundial para la Naturaleza desmintió que los "decretos de reservas de agua" conducirían a la privatización de ese recurso natural.
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El octavo proyecto busca "modificar o revocar leyes de la Reforma Educativa", para lo cual el oficialismo necesitará aliados y alcanzar las dos terceras partes del Congreso para su aprobación.
La novena iniciativa busca "garantizar el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles".
López Obrador ha prometido someterse a ese procedimiento revocatorio a mitad de los seis años de mandato.
Las últimas dos iniciativas están destinadas a "duplicar el salario mínimo en la zona fronteriza norte del país" y a impulsar leyes para "un Gobierno austero".
El proyecto de Ley de Amnistía, para indultar a personas que no hayan cometido crímenes violentos o fueron obligadas por la pobreza o la coacción de narcotraficantes y criminales, no está entre sus primeras 12 reformas.
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La explicación es que aún falta realizar los foros que López Obrador ha convocado para que víctimas, organizaciones sociales y ciudadanos discutan la propuesta.