"La embajada de los Estados Unidos [en Bogotá] ve con profunda preocupación el asesinato de líderes sociales y de derechos humanos en Colombia", indica el comunicado.
Asimismo, añade, "la embajada suma su voz a las solicitudes de investigaciones rápidas y efectivas de estos casos".
"El Gobierno colombiano está trabajando para mejorar la situación de seguridad en donde están sucediendo estos homicidios y para interrumpir la actividad ilegal que contribuye a la violencia continua, la Embajada apoya estos esfuerzos", indica el comunicado de tres párrafos.
Por último reitera el apoyo a los esfuerzos que se realizan para asegurar que los líderes sociales "puedan llevar a cabo su trabajo vital hacia una paz justa y duradera".
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La fiscalía asegura que desde el 24 de noviembre de 2016, cuando el Gobierno y la ahora disuelta guerrilla FARC firmaron la paz, se cometieron 178 homicidios de líderes campesinos, dirigentes sociales e indígenas.
El 9 de julio, diferentes organizaciones sociales, junto con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y representantes del Gobierno, firmaron en Bogotá un pacto para rechazar la violencia contra los líderes sociales.
La mayoría de las víctimas son asesinadas por sicarios en zonas donde el conflicto armado fue más duro y que ahora se abocan a planes de desarrollo y posconflicto.
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Muchos de los fallecidos encabezaron reclamos de devolución de tierras arrebatadas en las últimas dos décadas por paramilitares de extrema derecha.
