"La violencia o el miedo a ella estuvieron presentes en todos los episodios de desplazamiento ocurridos en el 2017(en los que) se registró presencia o uso de violencia", señala la investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), a la cual tuvo acceso Sputnik.
El organismo ciudadano, con más de tres décadas de actividad, "registró 25 eventos masivos de desplazamiento interno forzado en el país durante el año 2017, mismos que afectaron a 20.390 personas", detalla el texto.
La población indígena fue especialmente afectada por los episodios de desplazamiento interno forzado en 2017, lamenta la organización que dirige José Guevara, quien preside desde 2017 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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"Del total de personas desplazadas ese año, 12.323 eran indígenas, lo que representa 60,44% del total de víctimas", dice el texto.
Escenarios de la violencia
De acuerdo con el registro de la organización, que integra una de las principales redes de abogados defensores de violaciones de derechos humanos, un total de 11.232 personas se desplazaron "a causa de la violencia generada por grupos armados organizados".
Finalmente, 230 personas fueron desplazadas "debido a proyectos extractivos mineros", en los que sueles participar multinacionales.
Las formas de violencia registradas con más frecuencia en los episodios de desplazamiento fueron "el uso de armas o presencia de personas armadas; las amenazas e intimidación; y la quema, destrucción o ataque con armas de fuego a casas, cultivos, negocios o vehículos", dice la clasificación.
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Algunos de estos episodios fueron provocados por "conflictos comunitarios antiguos, de origen político o y territorial, que al no haber sido resueltos en el pasado, resurgieron", relata el reporte.
Los dos casos más notables de ese tipo ocurrieron en los municipios Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, que desplazó a más de 5.000 indígenas tzotziles, y en San Juan Juquila, Oaxaca, que desplazó a alrededor de un millar de indígenas de la etnia mixe, todos en el empobrecido sur del país.
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El trabajo realizado por la CMDPDH confirma el "incremento de las víctimas de desplazamiento interno forzado".
Sin embargo, en México no existe el reconocimiento ni un marco jurídico que brinde protección y atención a las personas internamente desplazadas durante todas las fases del abandono de sus comunidades.
El organismo exigió al Gobierno elaborar un diagnóstico oficial, que incluya el número de personas desplazadas en el país y la situación en la que se encuentran y garantizar que la sociedad mexicana viva sin miedo.
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