"No es una ley para militares, es una ley para el Estado", dijo el alto jefe castrense a periodistas en una ceremonia en la Región Militar del estado de Coahuila (norte).
En el marco de la inauguración de obras militares en ese estado norteño, el general Cienfuegos aseguró que esta ley aprobada el 15 de diciembre pasado por el Congreso "le impone obligaciones a todas las autoridades responsables para la seguridad pública, no solo a los militares".
En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza varias apelaciones de inconstitucionalidad en contra de la ley por organismos autónomos del Estado, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal) y varios alcaldes.
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El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo el 26 de febrero en el marco de una Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia que "el entorno de inseguridad, violencia e impunidad que vive el país es una expresión clara de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección en la vida".
El uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley "es una tentación, un verdadero riesgo para nuestro Estado democrático de derecho y no garantiza, en modo alguno, que se reduzcan los índices delictivos, ni que se abata la violencia o se ejerza verdadera justicia", dijo ante expertos internacionales.
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Según cifras oficiales citadas por el funcionario del Estado, los operativos militares de la Defensa Nacional crecieron casi en 400 por ciento entre 2007 y 2014, mientras el número de militares desplegados creció en promedio casi 70 por ciento en ese periodo.
Además de las impugnaciones legales de organizaciones civiles, toda la oposición política en el Congreso, el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto a no promulgar la ley.
La red "Seguridad Sin Guerra", que integran más de 300 organizaciones civiles, estima que la polémica ley abre la puerta a la "militarización del país".
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El presidente finalmente la promulgó a finales de 2017, con el compromiso que no utilizará sus facultades discrecionales, hasta que el máximo tribunal emita su resolución final.
