El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó al Estado mexicano "a realizar la investigación respectiva, identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes".
Sin embargo, al día siguiente, un grupo de 150 internos protestó contra la dirección del penal mediante el incendio de diversos objetos, y tomó como rehenes a tres guardias, a quienes llevó a la azotea del recinto penitenciario, donde resultaron heridos dos custodios.
La mayoría de los reos murieron como consecuencia de la riña interna entre los grupos criminales que cohabitan en el reclusorio, pero el vocero de seguridad del estado dijo que "por lo menos dos internos habrían muerto a causa de los disparos de los agentes de la fuerza civil".
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La CIDH recordó a las autoridades mexicanas "que los cuerpos de seguridad solamente pueden recurrir al empleo de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas".
Actualmente se realizan las autopsias para determinar las causas de las muertes, ante lo cual la CIDH señaló "el deber del Estado mexicano de realizar un control adecuado y verificación de la legalidad del uso de la fuerza".
Las consecuencias letales derivadas del uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad obligan a "iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público", dijo el organismo.
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Desde junio de 2016, la CIDH se ha pronunciado en tres oportunidades condenando hechos violentos en México "en los que perdieron la vida 80 personas privadas de libertad" como resultado de motines entre grupos contrarios.
El estado mexicano, añadió, tiene "el deber jurídico de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos", mediante la prevención efectiva del ingreso de armas y el control de las organizaciones criminales en las cárceles.
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La CIDH está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, quienes no representan sus países de origen o residencia.
