En una segunda audiencia pública, celebrada ante un tribunal guatemalteco, el político mexicano expresó: "He determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia".
"En términos coloquiales, acepto la extradición que el Gobierno de la administración actual (de Enrique Peña Nieto) está haciendo en torno a este caso", añadió el político, quien llegó al cargo de elección por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo expulsó a finales del año pasado al estallar el escándalo de corrupción.
Duarte, de 43 años, apareció en la audiencia pública que fue reportada en medios mexicanos luciendo una barba y bigote que nunca llevó durante su mandato de seis años —2010-2016— al frente del estado petrolero de Veracruz, en el sureste de México.
En su segunda comparecencia ante un juez, el acusado calificó las imputaciones como "infundadas, ligeras, vagas e imprecisas".
Duarte también señaló en la audiencia que el Gobierno de Veracruz, que encabeza Miguel Ángel Yunes, hizo "uso de recursos, inclusive gastando recursos del erario, con acusaciones irrisorias".
El proceso se prolongará hasta el próximo 4 de julio, cuando el Tercer Tribunal de Guatemala reciba los contenidos de las órdenes de captura emitidas por autoridades federales mexicanas para respaldar el juicio de extradición que ha sido facilitado por la defensa del acusado.
Un giro en la defensa
Una de las órdenes de aprehensión confirmada contra Duarte es por el presunto desvió de fondos de la Comisión del Agua de Veracruz, por más de 12 millones de dólares.
El gobierno que encabeza Yunes presentó al menos medio centenar denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación.
El 20 de abril pasado, el acusado se negó a aceptar una extradición expedita: "No puedo allanarme, hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría", dijo entonces el exgobernante, quien fue detenido en Panajachel, un pueblo turístico situado 150 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, tras permanecer seis meses prófugo.
Esa instancia judicial recibió la documentación de las imputaciones —cuyo contenido total se desconoce— y la presentó ante el juez de la causa, que citó a la segunda audiencia basada en la legislación guatemalteca.
En la vista pública se esperaban nuevas apelaciones del acusado para lograr prolongar el proceso hasta un año más, permaneciendo detenido en la cárcel guatemalteca de Matamoros.
Cuando Duarte aún era gobernador, en mayo de 2016, una investigación financiada por el organismo civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló por primera vez documentos sobre la entrega que su gobierno hizo de más de 60 millones de dólares, entre 2012 y 2014, a una red de empresas falsas, presupuestados como ayuda a damnificados.
Tras esas pesquisas, a mediados del año pasado, surgió la primera denuncia penal presentada por la secretaría de Finanzas del gobierno federal, pocos meses antes del fin de los seis años del mandato de Duarte.
El político pidió permiso para defenderse fuera del cargo, y días después, el 13 de octubre de 2016, un juez federal ordenó su arresto por "lavado de dinero y delincuencia organizada",
En febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación, reveló que, entre 2011 y 2015, Duarte no comprobó el destino de unos 1.800 millones de dólares.
Finalmente, el MCCI también descubrió en abril de este año documentos de la fiscalía de Brasil sobre sobornos de la constructora Odebrecht para adjudicarse dos grandes proyectos durante el gobierno de Duarte: los servicios de agua del Puerto de Veracruz, y de la ciudad de Xalapa, capital veracruzana.
