La mayoría de los beneficiados se encontraban cumpliendo penas por delitos vinculados a las drogas, por lo que deberán someterse a un tratamiento sobre el consumo de drogas.
La medida de conmutar las penas en este tipo de delitos responde a que muchas de estas personas fueron condenadas a sentencias mínimas obligatorias sobre las cuales los jueces no pueden decidir, figura que luego sería declarada inconstitucional.