La Ley contra el Terrorismo pasó holgadamente tercera lectura en la Cámara de los Comunes al reunir 183 apoyos frente a 96 votos en contra.
La nueva normativa penaliza la propaganda de terrorismo y ofrece al Servicio canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS, por sus siglas en inglés) mayores poderes para desbaratar planes terroristas, más allá de la recogida de información sobre sospechosos.
Los oponentes de la nueva ley han expresado la preocupación por las cláusulas relativas al intercambio de información, indicando que podrían allanar el camino a abusos.
Con esta normativa, conocida como Ley C-51, Canadá responde a los atentados de octubre pasado, cuando un hombre armado mató de un disparo a un soldado que hacía guardia ante un monumento a los fallecidos en la I Guerra Mundial, en Ottawa, y luego irrumpió en la sede del Parlamento, donde fue abatido. Poco después, un supuesto islamista en Quebec atropellaba con su vehículo a dos soldados canadienses, uno de los cuales murió.
