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La Fiscalía de Colombia detiene a un funcionario de Ministerio Público por delito de concusión

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BOGOTÁ (Sputnik) — Un funcionario de la Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público) fue detenido por agentes de la Fiscalía y de la Policía tras ser señalado por el delito de concusión, luego de que pidió 300 millones de pesos (unos 86.960 dólares) a un senador para favorecerlo en un proceso disciplinario.
"La Fiscalía, en conjunto con la Dijín [Policía judicial], logró la captura de un funcionario de la Procuraduría General de la Nación que se desempeñaba hasta el pasado viernes, 15 de enero, como sustanciador en el despacho del entonces procurador Fernando Carrillo, por incurrir presuntamente en el delito de concusión", indicó la Fiscalía en un comunicado.
La investigación al funcionario se realizaba desde el primer semestre de 2020 a través de pruebas técnicas, interceptación de comunicaciones y otras labores de la Policía judicial, lo que, según la Fiscalía, "permitió recopilar elementos probatorios y evidencia física que evidenciarían la probable actuación irregular del servidor en hechos ocurridos en diciembre de 2019".
Un policía colombiano, imagen referencial - Sputnik Mundo
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Según la Fiscalía, para ese entonces el sujeto, en ejercicio de su función y a través de dos personas, al parecer exigió 300 millones de pesos a un senador de la República "con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció en otro cargo público en el año 2012".
Sin embargo, el organismo no reveló la identidad del funcionario de la Procuraduría ni tampoco la del senador.
El ente acusador determinó además que el sujeto presuntamente asesoraba y trabajaba con terceros para obtener sentencias de tutela en contra de la Procuraduría.
Por estos hechos, la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar dichas tutelas.
Se presume que por lo menos desde junio de 2019 el funcionario desarrollaba la actividad delictiva en detrimento de la entidad en la que laboraba.
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