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    SANTIAGO (Sputnik) — Unos 100 jóvenes participaron de una fiesta clandestina en el popular balneario de San Antonio (centro de Chile) la noche de Año Nuevo, justo cuando los contagios por COVID-19 venían al alza en el país y los muertos superaban los 16.000.

    Los participantes, muchos de ellos menores de edad, salieron huyendo despavoridos cuando Carabineros ingresó a la fuerza al lugar, en un operativo para desmantelar el evento prohibido por todas las normativas sanitarias. Diecisiete de ellos, que no alcanzaron a escalar un muro ni a arrancar por las ventanas, fueron detenidos en el acto.

    A esa misma hora, unos 150 kilómetros más al norte de San Antonio, otro grupo de más de 100 jóvenes bailaban y festejaban sin mascarilla ni distancia social, e incumpliendo el toque de queda y el aforo máximo permitido. Carabineros llegó al lugar, tocó la puerta, pero no tomó ningún detenido y solo cursó una multa a los organizadores por ruidos molestos.

    Lo particular de esta última fiesta es que se realizó en una mansión en Cachagua, el balneario más exclusivo del país, donde veranean figuras como el presidente Sebastián Piñera y la elite chilena, y que los participantes eran hijos de empresarios y parlamentarios del sector adinerado de Santiago.

    Sin embargo, la situación no pasó a mayores y solo se convirtió en polémica nacional con el pasar de los días, cuando se filtraron en redes sociales las conversaciones que los jóvenes sostuvieron tras el evento, comentando entre ellos que después de la fiesta muchos habían dado positivo en COVID-19.

    Más de 40 invitados contagiados y 100 contactos estrechos fue el saldo de esa fiesta. Los acaudalados comensales crearon un foco descontrolado de infección en el balneario y también en el sector oriente de Santiago, cuando regresaron a sus residencias.

    El trato VIP del ministro

    "¡De una vez por todas, entiendan que las fiestas clandestinas están prohibidas!", dijo ofuscado en conferencia de prensa el ministro de Salud, Enrique Paris, a finales de diciembre, criticando a los 200 jóvenes que participaron de una celebración ilegal en la comuna de Pudahuel, en la zona norponiente de la capital.

    Frases como "preocúpense por sus familias" o "es un atentado a la salud pública" son las que recurrentemente usa el secretario de Estado cuando critica este tipo de eventos masivos, que según la policía fueron 99 en 2020, con un total de 3.500 participantes y 1.493 detenidos. Es decir, un problemas no menor de Chile durante la pandemia.

    No obstante, cuando se revelaron los videos y audios de WhatsApp de la fiesta en Cachagua, el ministro cambió el tono. El 7 de enero, al ser consultado por un periodista por el evento, Paris dijo: "Por el momento no quiero nombrar a ninguna localidad en particular. Nosotros contactamos al alcalde de la comuna, y si hay que hacer un sumario sanitario, obviamente se hará".

    El hecho de que el ministro Paris no mencionara a Cachagua ni tampoco explicara por qué no hubo detenidos causó indignación entre la población y transformó el tema en tendencia nacional en Twitter. Los usuarios hicieron notar que Paris habló de "fiesta privada" y no de "fiesta clandestina", como regularmente lo hace.

    Además, los internautas recordaron que este balneario también fue centro de la última polémica del mandatario, pues en diciembre del año pasado fue visto paseando por Cachagua y saludando a la gente sin mascarilla. Por aquello tuvo que pagar una millonaria multa, y su aprobación ciudadana cayó al 7%.

    Ante las críticas, el Gobierno cambió el tono nuevamente. Decidió interponer una querella contra los responsables de la fiesta —que luego se reveló que no fue una, sino varias entre Navidad y Año Nuevo— y realizó varios sumarios sanitarios en todo el balneario.

    Eso sí, algunas autoridades, en su intento por resarcir el problema comunicacional, se pasaron de raya. "Zapallar [la comuna que alberga a Cachahua] aumentó sus casos a propósito de esta fiesta clandestina en un 307%. Si alguien se muere, ya saben a quién irle a preguntar", dijo amenazante la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

    Consecuencias de una fiesta

    "Había tanto vómito que tuvieron que entrar tres funcionarios a sanitizar todo el lugar", contó a los medios nacionales el dueño de la mansión donde se realizó la fiesta, quien se querelló contra el piloto de Rally, Samuel Israel, el que arrendó el lugar para una supuesta fiesta pequeña de sólo siete personas. "Llegaron más de 100. Me rompieron toda la loza, los vasos y cualquier cosa en que se pudiera tomar alcohol", se quejó.

    La polémica también golpeó a los colegios privados exclusivos de la elite chilena donde estudian los participantes. "Está fuera de nuestro alcance poder controlar las acciones que sucedan fuera del colegio. Es la familia quien tiene el rol único y preponderante", se disculpó el Colegio Everest, en una carta pública dirigida a padres, apoderados y al país.

    La diputada Ximena Ossandón, del partido de centroderecha Renovación Nacional, salió a pedir disculpas públicas luego de que se supiera que su hijo era uno de los bailarines del video.

    Sin embargo, también está lo anecdótico. Algunos de los cientos de memes que dejó la situación pusieron en evidencia la manera en que muchos de los jóvenes de clase alta chilena se refieren a sus amigos, recalcando que en los audios de WhatsApp filtrados los adolescentes se llaman entre ellos por el nombre, el apellido y el colegio en el que estudian.

    "La mina del audio de Cachagua hizo un mejor trabajo de trazabilidad que la que ha hecho el Gobierno en un año", ironizó una usuaria de Twitter.
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