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    Entre los participantes de las próximas elecciones subnacionales en Bolivia hay figuras que despiertan el rechazo de gran parte de la población, por su desempeño en los hechos recientes de la historia boliviana. Una de ellas es la expresidenta Jeanine Áñez, candidata a gobernadora de Beni.

    Algunas candidaturas para las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo generaron un fuerte repudio de sectores sociales. Es el caso de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Manfred Reyes Villa, quienes se postulan para gobernadores y alcalde sin tener sus cuentas claras con la Justicia. Mientras tanto, las víctimas de las masacres de noviembre de 2019 esperan lograr justicia por los crímenes que los candidatos habrían cometido.

    "Estamos muy decepcionados de la justicia que hay aquí en Bolivia. Quienes mandaron a masacrar, tanto en Sacaba como en Senkata, lamentablemente no están siendo procesados. No estamos encontrando la justicia correspondiente hasta el momento", dijo a Sputnik Marisol Rodríguez, presidenta de la Asociación de Heridos de la Masacre de Senkata, la cual tuvo lugar el 19 de noviembre de 2019 en esa zona de la ciudad de El Alto, departamento de La Paz.

    "Para ellos no es suficiente con estar en libertad, que se proponen como candidatos para las elecciones. Como si hubieran cometido crímenes muy pequeños, como si hubieran maltratado a un animal tal vez. Pero son seres humanos a quienes han matado y han herido. Ese es el dolor que tenemos en el alma", agregó Rodríguez.

    En las elecciones del 7 de marzo se presentarán más de 20.000 candidatas y candidatos para cargos como gobernador/a, alcalde o alcaldesa, asambleístas departamentales y concejales. Pero algunas candidaturas sorprenden, por su cuestionable desempeño en la historia reciente.

    Entre los más notables se encuentran la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), quien se postuló para gobernadora del amazónico Beni por la agrupación Ahora, una segunda marca de Unidad Nacional, el partido del empresario cementero Samuel Doria Medina.

    A finales de 2020, una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional investigó las masacres de Senkata, Sacaba, Pedregal y otros eventos represivos que dejaron 37 muertes, aproximadamente. Esta comisión solicitó que a Áñez se le iniciara un juicio por su responsabilidad en estos asesinatos, que habrían sido cometidos por armas militares y policiales, según las pericias. Los uniformados actuaron al amparo del decreto 4078, firmado por la expresidenta y su gabinete, que los eximía de responsabilidad penal por sus actos.

    Áñez también es investigada por varios casos de corrupción ocurridos durante su gestión. El más resonante es el caso de la compra de respiradores españoles, en plena pandemia, con un sobreprecio de aproximadamente dos millones de dólares.

    Consejos a Arce

    En las últimas semanas, la expresidenta se asomó a su trinchera en Twitter para criticar al presidente Luis Arce por su manejo de la segunda oleada de coronavirus que afecta al país. Según ella, durante su Gobierno (2019-2020) hubo un buen manejo de la pandemia, por eso las cifras tan bajas de contagios (más de 175.000 desde marzo de 2020 hasta la fecha) y fallecidos (más de 9.400 en el mismo periodo).

    "2.263 nuevos casos de coronavirus, descontrol total de la pandemia. Gobierno de Arce sin iniciativa alguna para proteger la salud de los bolivianos", dijo en el primero de una serie de tweets dedicados al presidente.

    En otro tuit, mostró una gráfica y aseguró que en su gestión se contuvo la cifra de contagios. "Lo que tardó más de cuatro meses en llegar a su pico, gracias a las medidas de contención, fue superado en pocos días desde el rebrote. Hoy no es prioridad cuidar la vida de los bolivianos. Haremos una pausa", recomendó.

    El presidente Arce respondió en una conferencia de prensa: "El pecado del Gobierno de facto fue no hacer pruebas, por eso las estadísticas mostraban menos casos. Hoy hemos innovado con un mecanismo, hemos traído pruebas que entre 10 y 15 minutos detectan quién tiene coronavirus".

    Unidad Nacional (UN) fue creada en 2003 por Doria Medina, un empresario de centroderecha que nunca pasó de salir tercero en las elecciones a las cuales se presentó como candidato presidencial, en 2005, 2009 y 2014. Para 2019 iba a presentarse junto con Áñez, ella como candidata a presidenta y él como su vice. Pero los bajos números que obtuvieron en las encuestas (en su mejor momento alcanzaron un 15% de apoyo) los devolvieron a la realidad y decidieron llamar a votar por el candidato Carlos Mesa.

    La intención de voto de UN en Beni es prácticamente nula. Por ello Doria Medina creó Ahora. Con la nueva agrupación regional, Áñez prometió sacar de su sempiterno retraso a este departamento amazónico de medio millón de habitantes, el segundo más grande del país en extensión territorial, luego de Santa Cruz de la Sierra. 

    La expresidenta aseguró que —si la eligen gobernadora— creará el "Bono Beni" para entregar una suma aún indeterminada de dinero a las familias benianas, dedicadas en su mayoría a tareas rurales.

    Con una ayuda de papá

    Sobre Camacho —candidato a gobernar Santa Cruz de la Sierra (este) por su agrupación Creemos— también pesan denuncias debido a su rol como presidente del Comité Pro Santa Cruz durante el golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019), a quien presionó para que firmara su renuncia.

    Además, el candidato confesó que su padre, José Luis Camacho, hizo los contactos con el Ejército para dar el golpe de Estado. La Fiscalía de La Paz indicó que en los próximos días citará a declarar a Camacho hijo.

    Por su parte, el exprefecto de Cochabamba (en el centro del país) Manfred Reyes Villa había escapado de Bolivia en 2009 porque pesaban varios procesos en su contra, la mayoría por malversación de fondos durante su gestión. En 2016 fue condenado a cinco años de cárcel, a pesar de estar ausente, porque se demostró que movió irregularmente tres millones de dólares en sus cuentas bancarias.

    Reyes Villa fue excapitán del Ejército, graduado de la Escuela de las Américas, y edecán del dictador Luis García Meza (1980-1981). Luego de una década en Miami, Estados Unidos, regresó a su llajta (Cochabamba) a finales de 2019, seducido por los nuevos vientos golpistas.

    La voz de las víctimas

    "En su momento, Luis Arce había dicho que nosotros, las víctimas de Senkata, íbamos a ser la prioridad y que se iba a cumplir el decreto 4176, de ayuda humanitaria. Pero hasta el momento no ha habido cumplimiento en su totalidad, aunque sí algunos compañeros han sido beneficiados", mencionó Rodríguez.

    "Lógicamente sentimos molestia por algunas candidaturas, que ya deberían haber sido observadas por las autoridades, que ahora tienen atribuciones para pedir su procesamiento o para que no sean considerados en el Órgano Electoral. Pero no se ha hecho hasta la fecha", dijo a Sputnik David Inca, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de El Alto.

    Para iniciar un juicio por responsabilidades contra la expresidenta, es necesario contar con los votos de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. "En la anterior Asamblea, el Movimiento Al Socialismo (MAS) tenía los dos tercios para llevar a la señora Áñez a juicio por responsabilidades", recordó Inca. Ahora el oficialismo cuenta con mayoría simple, pero ya no posee los dos tercios de asambleístas.

    Para Inca, "hicieron un negocio de juicio por juicio: no la llevaron a juicio a la señora Áñez, tampoco se lo llevó a juicio al señor Evo Morales, ni a ninguno de sus ministros y colaboradores"

    En las tierras de Manfred

    Mauge (pidió que en esta nota se la llamara así) es parte de una red de activistas de Cochabamba, que se articulan de inmediato ante cualquier urgencia. El 15 de noviembre de 2019, cuando fue la masacre de Sacaba, estuvo en el grupo dedicado a reunir medicinas y acompañar a los heridos en los hospitales, que incluso ahí sufrían el constante acoso de los entonces omnipresentes "pititas", como se llamaba a la población urbana afín al golpe de Estado.

    Mauge recordó que este 11 de enero se cumplieron 14 años de los violentos enfrentamientos en esta ciudad, entre seguidores de Manfred y campesinos del Trópico que pedían su renuncia, por su apoyo a las demandas de "autonomía" que en ese entonces realizaba el departamento de Santa Cruz de la Sierra.

    En ese día de 2007 fueron asesinadas tres personas. "Estos grupos fascistas racistas que operaron el 11 de enero de 2007 con discursos de odio y divisionismo están de nuevo apareciendo con más fuerza. Durante el Gobierno de Jeanine Áñez contaron con apoyo del aparato del Estado", dijo la activista. Y agregó: "Es un pequeño grupo que debe desarticularse, porque es su brazo del Manfred".

    La activista, de descendencia aymara, evidenció que "la sociedad boliviana no ha superado su mirada colonial al indio, de verlo como a un ser inferior". Consideró que por ese motivo en los barrios de la zona sur, donde ella vive, no cuentan con presencia amplia del Estado: "La zona sur es de migrantes, campesinos, cocaleros. Dicen que es la zona roja, donde son todos maleantes. Por eso apenas tenemos agua, servicios básicos, ni qué hablar del Internet".

    Pero justamente este factor es el que —según Mauge— va a evitar que Reyes Villa se convierta nuevamente en alcalde. "La periferia es grande. No es como hace 20 años, cuando éramos el 30% de la población. Ahora somos el 60% de votantes. Por eso creo que el MAS se va a reforzar en las próximas elecciones", dijo. Y agregó que el partido oficialista "ha demostrado que tiene fuerza en Cochabamba, así como en otros departamentos. Va a estar dura la pelea".

    Etiquetas:
    Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez, golpe de Estado, Movimiento Al Socialismo (MAS), candidatos, elecciones regionales, Bolivia
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