Esta visita constituye "una muestra del compromiso con la apertura a la observación internacional, como elemento para el fortalecimiento de los esfuerzos y acciones para la promoción y protección efectivas de los derechos humanos de todas las personas en el país", dijo la vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, indica un comunicado.
Por su parte, la comisionada Julissa Mantilla, relatora sobre los Derechos de las Personas Migrantes agradeció al Gobierno mexicano la oportunidad de llevar a cabo la "primera visita virtual de la CIDH y tener un diálogo constructivo para atender los retos de la movilidad humana de la región".
Resultados de la visita virtual
La visita integró en su esencia un enfoque regional, en concordancia con la posición respecto del fenómeno migratorio que el Gobierno de México ha propuesto.
El objetivo es "atender sus causantes económicas y sociales", en los países de origen de los migrantes.
El organismo emitirá un reporte sobre la situación actual y los retos actuales de la movilidad humana en Latinoamérica.
La segunda etapa incluyó reuniones con representantes el Poder Judicial, autoridades de las fronteras norte y sur, comisiones estatales de derechos humanos en la zona fronteriza, y los cónsules mexicanos de ambos límites.
La visita estaba prevista para realizarse en 2019, pero fue postergada debido a cambios en la relatoría y por la pandemia de COVID-19, y se llevó a cabo en dos etapas, del 16 al 18 de diciembre de 2020, y del 11 al 12 de enero de este año.
La delegación de la CIDH fue presidida por Julissa Mantilla, acompañada por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México y para los derechos de la niñez y adolescencia; María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva interina, y especialistas de la secretaría ejecutiva.
También el 13 de enero, un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) señaló que el Gobierno mexicano no ha proporcionado apoyo ni protección adecuada a los aproximadamente 66.000 solicitantes de asilo en EEUU, que han sido asignados al programa de "Quédate en México", acordado con la administración de Donald Trump.
En 2019, El Gobierno mexicano movilizó a la Guardia Nacional para desplegar controles migratorios, pero afirma que los soldados solamente asisten a las autoridades civiles de migración.
Sin embargo, HRW cita una grabación de audio filtrada de 2019, en la que una alta funcionaria de migración le informa a su equipo que "ahora están bajo las instrucciones y supervisión de la Guardia Nacional".
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