"El médico nos encontró descompensados, a un compañero le sangra la úlcera y otros muestran problemas de gastritis severa, y el Gobierno sigue haciendo oídos sordos a nuestras reivindicaciones", precisó Ramírez a esta agencia desde la maquila Florenzi, ocupada por sus empleados desde julio pasado, tras ser despedidos sin la debida indemnización.
La huelga de hambre comenzó el pasado 8 de enero, después que los exempleados de la fábrica Florenzi (la mayoría mujeres) agotaran todos los recursos establecidos para reclamar el pago de casi medio millón de dólares en compensación, prestaciones laborales y cuatro meses de salarios adeudados.
Ramírez también desmintió la supuesta solidaridad del ministro de Trabajo, Rolando Castro, que afirmó en redes sociales que acompaña el reclamo de los trabajadores de la Florenzi, aunque no respondió a tres requerimientos previos para reunirse con ellas.
"Hacemos responsable al Gobierno de lo que nos ocurra", recalcó Ramírez, quien lamentó también la falta de acompañamiento de organizaciones sindicales, sociales y femeninas, así como de partidos políticos que se han desentendido de esta situación.
La principal vocera de los obreros de Florenzi afirmó que son víctimas de persecución por parte de la Policía Nacional Civil, que en lugar de defenderlos como ciudadanos los han acosado en distintos actos para denunciar su situación, como un reciente mitin frente a Casa Presidencial.
"No somos delincuentes, solo reclamamos justicia y que se nos pague los adeudos. No nos vamos a mover de la fábrica porque nuestra lucha es genuina", recalcó Ramírez a propósito de la decisión de los trabajadores de ocupar la maquila y sus recursos hasta recibir una solución a sus demandas.
Las manifestantes insisten en que agotaron los recursos administrativos, políticos e incluso penales, pues enviaron anuncios a la Fiscalía General de la República para hacer valer sus derechos.
La fábrica Florenzi, en el municipio de Soyapango (centro), operó durante 35 años, con clientes como la ropa de diseño Pierre Cardin, pero quebró tras la decisión gubernamental de cerrar las 152 industrias y call centers de El Salvador por la pandemia de COVID-19.
El dueño y representante legal de Florenzi fue Roberto Pineda, quien falleció el pasado 12 de junio, y la fábrica quedó en manos de su hijo Sergio Pineda, quien jamás acudió a conciliar, aseguran los empleados.
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