"El Gobierno cubano reprime y castiga cualquier forma de disenso y crítica pública, sigue utilizando contra sus críticos tácticas como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar, detenciones por periodos breves, multas, acoso en línea, vigilancia y despidos de los puestos de trabajo", dice el reporte.
Agrega que durante la administración de Miguel Díaz-Canel, quien asumió la Presidencia en octubre de 2019, se han mantenido las detenciones arbitrarias, que según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, llegaron a 1.028 entre enero y agosto de 2020.
A esto se suman las restricciones a la libertad de expresión, ya que "el Gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero".
Según HRW, si bien algunos periodistas y blogueros opositores consiguen publicar sus artículos en páginas web y redes sociales, "suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias".
Presos políticos
Otro de los puntos abordados en el informe refiere a los presos políticos, que según datos de la ONG Prisoners Defenders en agosto llegaban a 75, a los que se sumaban otros 33 condenados por sus creencias políticas que cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional.
"Los cubanos que critican al Gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente, no se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las correspondientes garantías por un tribunal competente e imparcial, ya que en la práctica, los tribunales están subordinados al Poder Ejecutivo y al Legislativo", dice el reporte.
En los centros de detención hay sobrepoblación y "los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas, además de recibir castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas".
Además, según HRW, el país viola los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y solo permite la actividad de la Central de Trabajadores de Cuba, una confederación de sindicatos controlada por el Estado.
En lo que refiere a los defensores de derechos humanos, "ha sido habitual que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que han intentado documentar abusos", dice el documento.
A modo de cierre del capítulo dedicado a Cuba, HRW cuestiona la reelección del país en octubre pasado para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) "dada la desastrosa situación de los derechos humanos en el país".
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