La muerte de un paciente de 93 años en Argentina hizo estallar un enfrentamiento entre la Justicia y los médicos de ese país luego de que un fallo judicial obligara a un centro asistencial a tratarlo con dióxido de cloro, a pesar de que esa práctica es considerada nociva por parte de los especialistas. A pesar de que el fallecido recibió el tratamiento, su familia demandará a los médicos por una supuesta demora en aplicarlo.
Según contó el abogado de la familia, Martín Sarubbi, a la agencia argentina Télam, como el paciente presentaba un cuadro clínico "crítico", un neurocirujano identificado como Dante Converti "recomendó un método paliativo y humanitario y prescribió la realización de un tratamiento con ibuprofeno inhalado y dióxido de cloro".
El centro asistencial rechazó aplicar ese tratamiento, dado que el uso de dióxido de cloro no está recomendado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de Argentina para el tratamiento de COVID-19. En agosto de 2020, el organismo había advertido que no solo no existen estudios que demuestren su eficacia para ese tratamiento sino que su ingesta puede provocar "intoxicaciones severas" en los pacientes.
Ante la negativa, el hijastro del paciente decidió recurrir a la Justicia y el 7 de enero obtuvo un fallo favorable. En efecto, el juez federal Javier Pico Terrero autorizó una medida cautelar que obligaba al centro de salud a suministrar al paciente el tratamiento con dióxido de cloro sugerido por Converti.El fallo judicial, según reproduce el diario argentino Ámbito, consideró que "a la luz de la documentación acompañada, no se advierte una imposibilidad de orden médica para la implementación de los tratamientos prescritos y adecuado al caso de autos".
El juez también dispuso que el tratamiento con dióxido de cloro sea "de urgente realización" porque "puede mejorar el diagnóstico y el tratamiento consecuente a adoptarse de manera inminente o, en su caso, salvar la vida del paciente".
La decisión judicial fue repudiada por la comunidad médica argentina y los médicos del centro asistencial llegaron incluso a movilizarse en rechazo a la obligación de tener que aplicar la sustancia. Como los médicos del centro Otamendi no querían hacerlo, el juez habilitó a que el médico Converti aplicara el tratamiento al paciente.
Convencidos de esto, los familiares consideraron que la muerte del paciente pudo haberse evitado y que el hospital se demoró en aplicar el tratamiento ordenado por la Justicia. En ese marco, Sarubbi adelantó que denunciarían penalmente al centro asistencial por "homicidio culposo" y "desobediencia", al no haber cumplido inmediatamente la decisión judicial.
No es el primer paciente que fallece en Argentina luego de consumir dióxido de cloro. En agosto, un niño de cinco años murió luego de que sus padres le dieran dióxido de cloro ante la posibilidad de que hubiera contraído COVID-19.
El misterioso neurocirujano que prescribió el tratamiento
El caso derivó en un enfrentamiento entre la Justicia argentina y la colectividad médica. Ignacio Maglio, asesor del Ministerio de Salud argentino y referente en temas de bioética, dijo a la agencia Télam que el fallo judicial es "una locura" y que constituye "un caso de desmesura de lo que significa la judicialización de la medicina".
A su vez, la polémica centró las dudas sobre el médico Converti, quien prescribió el tratamiento y cuyo dictamen sirvió de argumento para el fallo judicial. Maglio calificó la prescripción hecha por Converti como una "aberración técnica médica" y cuestionó que el juez no haya comprobado si el médico "es un especialista como dice que es".En ese sentido, el asesor del Gobierno argentino indicó que, de acuerdo a los registros, Converti es un neurocirujano egresado en 1965. Sin embargo, apuntó que "según pudimos constatar con la Asociación Argentina de Neurocirugía no figura en ningún curso de capacitación o actualización realizado en los últimos años".
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