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    QUITO (Sputnik) — La Fiscalía General de Ecuador solicitó a un tribunal de la Corte Nacional Justicia (CNJ) cuatro años de prisión para la exvicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por un delito de concusión.

    "El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, solicitó que se aplique el máximo de la pena por el delito de concusión (…) El pedido de imponer cuatro años fue secundado por la Procuraduría General del Estado, en su calidad de acusadora particular", dijo la Fiscalía en un comunicado.

    El pedido se hizo durante una audiencia de apelación solicitada por la defensa de Vicuña para revertir la sentencia en la que un tribunal de primera instancia, el año pasado, le condenó a un año de cárcel por las contribuciones ilegales solicitadas a sus excolaboradores cuando ella fue legisladora.

    Durante el juicio, la Fiscalía probó que María Alejandra Vicuña recibió transferencias bancarias, por parte de tres de sus colaboradores en la Asamblea Nacional, señalando que ella se aprovechó de su cargo para hacer esas exigencias.

    Dichos aportes habrían sido solicitados con la justificación de que servirían para financiar el movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista, liderado por el padre de la procesada.

    Vicuña fue legisladora de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) entre 2009 y 2017, por el movimiento oficialista Alianza País (AP) durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

    Entre octubre de 2017 y diciembre de 2018 ejerció la Vicepresidencia de la República, después que la Asamblea Nacional cesó al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a seis y ocho años de cárcel dentro de los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente.

    Glas fue binomio del actual Presidente, Lenín Moreno.

    Vicuña renunció a la vicepresidencia tras destaparse el escándalo por las contribuciones ilegales solicitadas a sus excolaboradores.

    Las indagaciones de la Fiscalía General del Estado señalaron que Vicuña recibió un total de 43.295 dólares de aportaciones ilegales pues el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista no estaba registrado en el Consejo Nacional Electoral y tampoco llevaba contabilidad.

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