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Vacunación contra COVID-19 en Colombia, un plan poco transparente

© REUTERS / Stephen Dunn/PoolLa vacuna contra el coronavirus Pfizer
La vacuna contra el coronavirus Pfizer - Sputnik Mundo
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Colombia ha presentado su plan de vacunación para enfrentar la pandemia de COVID-19 con un portafolio de seis vacunas. Sin embargo, aún no es claro cómo el Gobierno adelantó la negociación con las farmacéuticas, cuánto invirtió ni cuándo empezará a inmunizar a la población. Sputnik conversó con dos expertas en fármacos sobre la estrategia oficial.
Colombia es uno de los países sudamericanos que más tiempo se tomó para dar a conocer su plan de vacunación contra COVID-19. Desde que el presidente, Iván Duque, sin dar muchos detalles, anunció el 19 de diciembre la adquisición de 40 millones de dosis, el Ministerio de Salud ha venido revelando algunos aspectos de cómo se pretende inmunizar a una población de cerca de 50 millones de habitantes. Mientras tanto el país enfrenta un nuevo pico de contagios, con los servicios de emergencias de salud al tope.
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Se prevé adquirir un portafolio de al menos seis vacunas distintas aunque las negociaciones con las farmacéuticas ocurrieron en total hermetismo, bajo estrictas cláusulas de confidencialidad a través de las embajadas en los países fabricantes. Hasta el momento no se tienen detalles de cuánto se pagó por cada dosis. 
Así las cosas, el Gobierno llegó a acuerdos comerciales con Pfizer/BioNTech (5 millones de dosis); AstraZeneca/U. de Oxford (5 millones de dosis) y Johnson & Johnson (9 millones de dosis). También adquirirá 10 millones de dosis a través del mecanismo COVAX, pero aún no se sabe cuáles serán las vacunas seleccionadas. Lo que sí está claro es que el país priorizará en un proceso de cinco etapas a 34 millones de colombianos, con el fin de alcanzar la llamada inmunidad de rebaño.

Vacunación contra COVID-19 en Colombia: ¿cómo es el plan nacional?

El plan de vacunación se llevará a cabo en dos fases, divididas en cinco etapas. En la primera y segunda etapa se vacunará a la población mayor de 60 años y el personal de salud  expuesto a la primera línea de contacto con el virus. En la tercera etapa se aplicará a la población entre 16 y 59 años con comorbilidades y los educadores. En la cuarta etapa —inicio de la fase dos— se administrará el biológico a personas que trabajan en el cuidado desde personas mayores o con discapacidades. También población recluida en cárceles, policías y militares, además de personas habitantes o en situación de calle.
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La quinta etapa será vacunar a la población general: "Personas mayores de 16 años sin comorbilidades y mujeres no gestantes que no cumplan con los criterios antes descritos. Se mantendrá el orden de aplicación comenzando con los adultos entre 50 y 59 años, hasta llegar a los jóvenes y adolescentes", explica el Gobierno, quien tomó la decisión de, por ahora, no suministrar vacunas a niños, niñas y adolescentes menores de 16. Sin embargo, sobre las fechas exactas de cada etapa y fase no existe claridad alguna. 
Andrea Reyes es química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia y hace parte del equipo de estudio Salud y Fármacos, el cual ha estado estudiando las vacunas contra el coronavirus. En diálogo con Sputnik, reconoció que las vacunas fueron desarrolladas en un proceso inédito en la historia del mundo, y que la premura de hallar una fórmula ha flexibilizado los tiempos de las fases de investigación y estudio científico. Pero al margen de esta complejidad, Reyes también tiene algunas dudas y críticas al plan del Gobierno colombiano.
"El Gobierno ha tomado una posición tanto bilateral, que es negociar como los países de altos ingresos directamente con las farmacéuticas, como multilateral, que es lo que han hecho los países con ingresos medios para adquirir el mecanismo COVAX. La estrategia ha sido apuntarle a todo", explica Reyes. Y es aquí donde la activista empieza a hacer observaciones sobre el modelo, principalmente, por la adquisición de la vacuna desarrollada por Pfizer, pues esta requiere una infraestructura de ultracongelamiento que Colombia no tiene y que dificultará su almacenamiento y distribución.
"Es una vacuna que utiliza sistemas de almacenamiento supremamente costosos, porque debe mantenerse por debajo de los -70°. Me llama la atención que haya sido la primera vacuna con la que se alcanzó un acuerdo comercial, y pienso que debe tener razones políticas y comerciales relacionadas con el informe anual que establece los socios comerciales estratégicos para Estados Unidos, pues nuestra clasificación depende de la relación que establezcamos con la industria norteamericana", agrega.
Reyes sostiene que las vacunas están aún en proceso de investigación de seguridad y eficacia. "Yo invito a la gente a que sea cautelosa con las vacunas que continúan en investigación. Se tiende a pensar que la vacuna es una solución a los problemas, pero también se puede convertir en un problema. Ojalá las personas puedan tomar una decisión informada sobre la vacunación: ¿qué puedo esperar que pase en mi cuerpo?, ¿cómo le van a hacer seguimiento a los efectos? No se trata de entregar paquetes de tecnología sanitaria y ya", afirma.
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Para ella, en todo el mundo los Gobiernos se dejaron presionar por el interés y las dinámicas de mercado. "Ha habido países que están impulsando esfuerzos multilaterales para regular la manera cómo se va a enfrentar la pandemia, pero ese ejercicio no dio frutos y los países ricos negociaron bilateralmente con las farmacéuticas. La condición de los laboratorios para iniciar la negociación fue la cláusula de confidencialidad. Y eso exige transar la transparencia en un tema tan delicado", concluye.

5 problemas del plan colombiano de vacunación contra COVID-19

Claudia Vaca, profesora y coordinadora del Centro de pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, también tiene reparos sobre el documento del Gobierno colombiano. Sus observaciones están dirigidas a la falta de claridad en la logística de vacunación, y la poca disposición del Gobierno a recibir recomendaciones y absolver dudas de la ciudadanía. Ya que ha sido un proceso supremamente hermético.
Frente al documento, que señala que habrá una priorización dividida en cinco fases y dos etapas, la profesora Vaca pregunta, ¿cuál es la fuente de información para identificar a las personas con comorbilidades que van a estar priorizadas? 
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"La lista que tiene el sistema de salud no ofrece un universo completo de las personas en riesgo. Tiene problemas de subregistro y se calcula que solo alcanzaría a tener identificado al 30% de la población a priorizar. El Gobierno tendría que adelantar una estrategia de trabajo de campo para identificar a esas personas, o habilitar un sistema de registro, lo cual es de entrada un problema", argumentó la docente.
La segunda pregunta hace referencia a lo que ella denomina "un problema crónico" y una deuda "histórica" del sistema de salud colombiano con el personal de vacunación. "Ese personal opera en condiciones precarias de informalidad laboral. La mayoría son contratistas que trabajan nueve meses al año. Ese contingente sería la fuerza principal de vacunación. Aquí es claro que para dispersar la vacuna se necesitaría multiplicar por dos o por tres ese personal de vacunación", aclara. 
La tercer duda de la profesora Vaca es ¿qué rol van a tener las EPS?, las cuales son empresas privadas que operan el sistema de salud pública.  Frente al problema logístico que supone vacunar a la 37 millones de personas en un país de 1.141.748 kilómetros cuadrados, la investigadora considera un acierto haber adquirido un portafolio de varias vacunas, pero al mismo tiempo exige una explicación sobre cómo se va a llevar el material biológico a la gente en regiones apartadas del país, que son las mayoría. 
"En Colombia no existe la infraestructura para almacenar las vacunas de Pfizer y Moderna. Ni los profesionales para aplicarla porque requiere una manipulación y manejo supremamente difícil. Este déficit en el plan es muy crítico, porque no permite claridad sobre los tiempos de la vacunación", añade. 
Y finalmente, está el tema de la población migrante venezolana. En un principio el Gobierno dijo que no serían vacunados; luego matizó diciendo que quienes no recibirían la vacuna son aquellos que no tienen registro migratorio.  Ahora, en el nuevo documento, sostiene que "los migrantes en condición regular están incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 bajo las mismas consideraciones que la población nacional, es decir, considerando el enfoque de priorización establecido en este documento".
"El Plan no da claridad y trata de suavizar las primeras declaraciones. La enorme deficiencia del plan es que está construido para las grandes ciudades y no parece claro respecto a cómo se vacunará a la población rural, porque la gente no va acudir a un llamado sin mayor estrategia de pedagogía e información. La encuesta del DANE dice que el 40% de la población no se vacunaría. Así que la estrategia de transporte de las personas del mundo rural será difícil", advirtió Vaca.
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La catedrática manifestó su preocupación por la manera en que el Gobierno adelantó las negociaciones con las farmacéuticas,  pues al no conocerse los términos de los contratos no es claro en qué tiempos se realizarán las etapas de vacunación. "Hay un vacío muy grande de transparencia acerca del procesos, de los planes de entrega, hasta donde sabemos Pfizer y Moderna han incumplido las fechas de entrega en países ricos, no tenemos la certeza de que vaya a llegar y pareciera que la salida más interesante para el país son las vacunas que no tienen condiciones de almacenamiento complejas", dijo 
Y concluyó su argumentación con una última preocupación: "El Gobierno ha dicho que va a permitir la vacuna privada, y ese solo anuncio, podría echar por la borda el plan de vacunación porque generará desconfianza. Las primeras vacunas estarán empezando a ponerse entre abril y mayo. Así que lo que veo, principalmente, es un plan con rasgos generales y detalles muy difusos".
Así pues, el programa de vacunación en Colombia hasta ahora empieza a ser revelado, y por el momento ha despertado preguntas y observaciones, que de seguro se convertirán en críticas y acusaciones. Más cuando este 2021 es un año preelectoral en Colombia. Ya los partidos opositores tienen el tema en el radar y preparan el debate de control político en el Congreso de la República.
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