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    La nueva Asamblea Nacional se instaló en Caracas el 5 de enero. En simultáneo el Gobierno estadounidense ratificó que no la reconocerá y que mantendrá su apoyo a Juan Guaidó. Pero detrás de lo que parece ser una repetición de escenario se encuentran posibles cambios para este 2021.

    El año comenzó en Venezuela con un paso central en la reconfiguración del tablero político: la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN), electa en los pasados comicios del 6 de diciembre. En su presidencia quedó Jorge Rodríguez, ex ministro de Comunicación, y como vicepresidenta, la ex ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela.

    El ingreso del chavismo al recinto ocurrió con un hecho simbólico: la reposición de los cuadros de Simón Bolívar y Hugo Chávez, retirados en enero del 2016, cuando la oposición mayoritaria había tomado la dirección anunciando que el presidente Nicolás Maduro se iría a los seis meses.

    Esta vez el chavismo tiene una mayoría indiscutible: 256 diputados y diputadas, nucleados en el grupo parlamentario denominado Bloque de la Patria, presidido por Diosdado Cabello, mientras que la oposición, heterogénea, cuenta con 20 diputados.

    La instalación del nuevo Poder Legislativo tuvo un peso central en la agenda política nacional debido a lo que ha representado la AN en los últimos años. Fue desde allí que la oposición desplegó sus estrategias de desestabilización, como declarar el "abandono de cargo" de Maduro en el 2017, o crear un "Gobierno interino" en el 2019.

    Haber logrado luego de cinco años recuperar el Legislativo, juramentar a una nueva directiva chavista, tiene entonces una carga política central, significa haber desplazado al sector golpista opositor de su principal bastión, haber resistido los asaltos que desde allí fueron descargados, y anuncia lo que será un año que estará marcado por posibles novedades políticas.

    Desconocimiento y continuidad

    Como estaba previsto, varios Gobiernos no reconocieron el nuevo Poder Legislativo. Los comunicados para afirmar esa posición llegaron en días anteriores, como por parte de Estados Unidos EEUU, Brasil, Colombia y Canadá. Se trató de quienes, a su vez, ya habían desconocido los comicios legislativos del 6 de diciembre.

    Ese desconocimiento significó en simultáneo el reconocimiento a la AN que terminó su mandato el día que asumió la nueva, en un apoyo a lo que la oposición nucleada con Juan Guaidó denominó la "continuidad administrativa", es decir la autoprorrogación de sus mandatos vencidos de diputados y diputadas.

    Esa continuidad fue objeto de disputas dentro de la oposición que decidió mantenerse al frente de una AN virtual y reducida. Un sector de esa oposición aprobó varias modificaciones, como prorrogar al mandato por un año, crear una "comisión delegada" como manera de mantener una AN sin sesionar, y formar un "consejo político" que remplazó al "centro de Gobierno" que presidía hasta ese entonces Leopoldo López, prófugo en Madrid.

    Esos cambios no fueron aprobados por una de las fuerzas principales que se mantienen alrededor de Guaidó: el sector del partido Acción Democrática presidido por Henry Ramos Allup.

    La continuidad de la AN debilitó así aún más a la oposición. Significó diferencias entre quienes venían mostrando unidad alrededor de la "presidencia interina", así como el alejamiento de varios diputados y diputadas que optaron por no continuar con sus mandatos fuera de la Constitución. La oposición es ahora más archipiélago que antes y, sobre todo, se encuentra más carente de estrategia.

    Robos

    Cuatros días antes de la asunción de la nueva AN, el periódico Washington Post publicó una investigación que expuso nuevas tramas de corrupción alrededor de Guaidó e integrantes de su "Gobierno interino". No solamente se demostró cómo Guaidó intentó apoderarse de recursos del Estado venezolano en el extranjero, sino como, además, buscó cobrar coimas millonarias para tal fin.

    La aparición del artículo golpeó aún más la credibilidad de Guaidó, redujo su capital político ya menguado, y dejó claro que la existencia de la "presidencia interina" depende exclusivamente del reconocimiento internacional. La ficción Guaidó, ahora reducida únicamente a lo virtual, existe porque Washington la sostiene en los hechos.

    El reconocimiento desde EEUU fue ratificado, como se esperaba, no solamente a través de la denominada Embajada virtual estadounidense en Venezuela que se encuentra en Bogotá, sino también y sobre todo a través del Departamento del Tesoro que emitió el pasado lunes 4 una licencia que permite que los ciudadanos estadounidenses hagan transacciones con Guaidó en tanto que "presidente interino", con la AN que afirma presidir y con la "comisión delegada".

    ​Algo queda claro a inicio del 2021: la perspectiva de Guaidó en tanto que dirigente opositor que pueda conducir un cambio político parece agotada, pero sigue vigente su utilidad como mecanismo que le permite a EEUU apoderarse de recursos venezolanos en el extranjero y manejarlos según su propia decisión.

    Esa situación es parte del debate de cara a proyectar qué podrá suceder con la nueva Administración de Joe Biden que asumirá el 20 de enero en EEUU. ¿Apostarán aún por Guaidó? ¿Mantendrán el reconocimiento formal de su "presidencia interina" mientras avanzan en otra hoja de ruta que no lo tenga en el centro del ajedrez y se abra un diálogo con el gobierno venezolano? Esta segunda opción es la que asoma con más fuerza.

    Desafíos legislativos

    La nueva AN asumió sobre el marco de la gran disputa política nacional e internacional, a la vez que en el cuadro de una situación interna particularmente compleja, tanto económica como políticamente.

    Los resultados electorales del 6 de diciembre mostraron una baja de la participación como parte de una tendencia que ha venido en desarrollo en los últimos años, indicando el aumento de la distancia entre sectores crecientes de la población y las diferentes fuerzas políticas del país.

    Si bien en ese escenario el chavismo cuenta con una mayor correlación de fuerzas por cantidad de votos, unidad, núcleo social, estructura partidaria, control de Gobierno y de Estado, la existencia de ese escenario de distanciamiento indica la necesidad de revertirlo. ¿Podrá la AN avanzar en ese objetivo? ¿Podrá construir nuevas expectativas políticas en los sectores sociales que se alejaron? Es una de las preguntas principales.

    La situación política se entrelaza con la económica: el país se encuentra bajo bloqueo estadounidense, el Producto Interno Bruto tiene aproximadamente un cuarto de su tamaño con respecto al 2014, los salarios y pensiones se encuentran en niveles históricamente bajos, los servicios en malas condiciones, al igual que el abastecimiento de gas y gasolina.

    La apuesta del Gobierno para intentar revertir esta situación pasa por dos vías principales: por un lado, el llamado a capitales privados nacionales e internacionales para invertir en un conjunto de áreas económicas, y, por el otro, lograr un acuerdo con el Gobierno estadounidense para lograr una flexibilización del bloqueo. ¿Qué pediría Washington a cambio? Es otras de las preguntas centrales.

    En ese marco, aún no ha sido explicado cuál será el rol del Poder Legislativo para enfrentar las diferentes situaciones. Será parte de los temas que, se espera, vendrán más adelante. El chavismo ha prometido hacer de la AN un gran centro de debate político nacional, algo que debería pasar, entre otras cosas, por abordar colectivamente los problemas urgentes de las mayorías.

    El 2021 anuncia posibles cambios en Venezuela. El primero ya ha sucedido, con la nueva AN que se instaló el martes 5 en Caracas.

    Etiquetas:
    Joe Biden, EEUU, Juan Guaidó, sanciones, bloqueo económico, Asamblea Nacional de Venezuela, oposición, Venezuela
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