Chile abre el debate hacia un posible indulto a los presos del estallido social

Cinco senadores de la oposición al Gobierno de Sebastián Piñera presentaron un proyecto de ley de indulto general para todos los presos e imputados por el estallido social de 2019. Mientras sus impulsores procuran lograr los votos para su aprobación, familiares de presos temen que el sistema político acuerde un indulto solo para algunos.

El Ministerio Público informó que, a un año del estallido social de octubre de 2019, y como resultado de las detenciones practicadas en el contexto de revuelta social en Chile, se había formalizado a 5.084 personas. De ellas, 648 siguen en prisión preventiva y 725 han sido condenadas por robo o daño a la propiedad pero principalmente por desórdenes, una "categoría muy amplia cuya persecución ha significado la criminalización de la protesta", en opinión de los cinco senadores que patrocinan la ley de Indulto General.

Se trata de detenciones y formalizaciones masivas por las que organismos chilenos e internacionales, en particular la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dado la alerta por la manipulación que ha hecho el poder punitivo con fines de criminalización de la protesta social.

Las acusaciones se han caracterizado, entre otras particularidades, por la imputación de los manifestantes por delitos graves como daños al patrimonio, coacción o amenazas, adaptando en muchas ocasiones las figuras delictivas para que se puedan aplicar —según detalla la presentación de los senadores— a los actos de los manifestantes que se desea penalizar, justificando así su detención y prisión preventiva.

"Se ha hecho uso y abuso de esa prisión preventiva y sabemos que muchas de las personas están desde hace un año y dos meses en prisión preventiva, sin saber cuál va a ser su situación definitiva", dijo a Sputnik la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, una de las impulsoras del proyecto de ley.

"Esos son los temas que queremos relevar, queremos hacer una conversación, queremos que este tema se conozca, queremos saber cuál es la situación de muchas personas que están presas", agregó.

Porque, como explicó a Sputnik el abogado de derechos humanos y defensor de varios de los presos de la revuelta, Nicolás Toro, muchos de los delitos por los que se acusa a los manifestantes no ameritarían, en otro contexto, medidas tan gravosas como la prisión preventivas.

"Una medida que no se veía desde tiempos de la dictadura, y que parece ser más un instrumento de represión política destinada a contener todo tipo de disidencia o manifestación de protesta. Esto porque el uso desproporcionado de la prisión preventiva es persecución política", denunció el abogado.

La situación se agravó tras la promulgación por parte del Congreso de la nueva ley número 21.208, conocida como ley Antisaqueos y Antibarricadas, de enero de 2020. La norma ha despertado serios cuestionamientos y desconfianzas debido a que, entre otras cosas, castiga penalmente la obstrucción de la vía pública en el contexto de manifestaciones sociales.

"Son ellos también los causantes del problema, los que han aprobado estas leyes represivas y que incluso en momentos como estos de pasividad entre comillas, fiestas de Navidad y Año Nuevo, también ya están en un camino de una agenda normativa superrepresiva, impulsada por Piñera y en algunas partes aprobadas por ellos mismos", puntualizó Toro.

Infracción de derechos fundamentales de los presos

"Las violaciones a los derechos humanos no solo se han producido por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en el contexto de las manifestaciones, sino también por el uso abusivo, discriminatorio e injustificado del encarcelamiento, como medida de control represivo, desnaturalizando su función de grave y excepcional limitación a las libertades personales, en la investigación de hechos penales", explicó a Sputnik Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Para Margotta ha existido una aplicación por parte del Gobierno de una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos iniciada el 18 de octubre de 2019 con la finalidad neutralizar la legítima protesta social, y que fue constatada tanto por organizaciones de derechos humanos nacionales así como por cuatro organismos internacionales que visitaron Chile y elaboraron sendos informes que dieron cuenta de las muertes, torturas, víctimas de trauma ocular y detenciones masivas, entre otras graves vulneraciones.

En marzo de 2020, Amnistía Internacional sostuvo que tuvo conocimiento que cientos de personas que se encuentran privadas de la libertad por delitos menores como el de "desórdenes públicos" en relación con las protestas de 2019. Muchos otros se encuentran en prisión por el uso indebido y desproporcionado del derecho penal, tras la aplicación de leyes como la Ley de Seguridad Interior del Estado.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos va más allá y acusa que ha existido una falta de rigurosidad en la persecución e investigación penal, así como la arbitrariedad de las decisiones de formalizar y de someter a medidas cautelares como la prisión preventiva. Eso justifica, a su parecer, la presentación, discusión y tramitación de este proyecto de ley de Indulto General.

"Es claro que tanto el ente persecutor como los tribunales de justicia vulneran gravemente el principio de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho a defensa, cuando ha existido una severa diferencia de trato en desmedro de las personas civiles perseguidas por los hechos acaecidos durante el estallido, versus la participación de las autoridades y las fuerzas de orden y seguridad en las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, las cuales han gozado de una total impunidad", denunció Margotta.

Para Lili, madre de un detenido y partícipe de la Organización de Familiares y Amigxs de Presxs Politicxs de la revuelta social (OFAPP), no se puede confiar en la Justicia chilena "cuando nos enfrentamos a un Estado que presiona a fiscales y jueces para ensañarse contra nuestros presos políticos con una prisión preventiva chacal, larguísima y con penas del infierno".

"Cuando vemos a Carabineros como testigos de fe en las acusaciones pensamos: esos mismos que agreden y asesinan a nuestro pueblo no pueden ser testigos de fe, ¿acaso para ellos no existe la cárcel?", preguntó la mujer, en diálogo con Sputnik.

"Cuando se habla que en Chile se vive en democracia se entiende por ello también que existe el derecho a manifestarse, pero vemos como un Estado que asesina, mutila, encarcela y nos preguntamos dónde está el estado de derecho, el derecho a la rebelión", continuó Lili.

Es a partir de este diagnóstico sobre vulneración de derechos que el proyecto de ley se fundamenta "en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran desde hace más de un año las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestas delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social", sostiene el documento presentado.

De esta forma los parlamentarios que patrocinan el indulto general fundamentan su presentación en el Senado, señalando que las imputaciones de hechos delictivos "acaecieron en un marco anormal de graves y masivas violaciones a los derechos humanos" y que la mayoría de las personas potencialmente beneficiadas serán jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos.

Una deuda con el mundo popular

El proyecto de ley de Indulto General busca que de manera excepcional se decrete la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena cuando corresponda "por los hechos delictivos que se enumeran en su artículo primero" y que hayan sido cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el día de la presentación del proyecto de ley.

La iniciativa excluye del beneficio a quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública o funcionarios de cualquiera de los organismos y poderes del Estado a la época de la comisión de los hechos, según se propone en el artículo octavo.

Consultado por la prensa chilena sobre la iniciativa, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, lo calificó como "inexplicable". "Se trata de personas que han cometido delitos graves. Por lo menos, la presunción de culpabilidad es alta", sostuvo.

El presidente, Sebastián Piñera, expresó su total rechazo hacia la propuesta y opinó que proyectos como este, atentan contra la democracia y la seguridad pública del país. Cabe recordar que el mandatario anticipó un veto presidencial en caso de que esta propuesta avance en el Congreso.

Para la senadora Adriana Muñoz, con el veto "es evidente que el Ejecutivo quiere amordazar el debate, amordazar una conversación sobre una realidad que todos quieren seguir manteniendo escondida debajo de la alfombra, pero que está ahí".

"Hay jóvenes presos, hay personas presas producto de la revuelta social de octubre del año pasado, y eso es lo que nosotros queremos mostrar, hacer un debate y decir que esa realidad existe", explicó.

Para Nicolás Toro esta iniciativa "es una deuda" que tienen con el mundo popular "desde las demandas a modificar el modelo imperante", al tiempo que apunta "un poco a compensar o resarcir a todos y todas que se manifestaron y que fueron capaces de salir a la calle para conseguir esta precaria salida que está siendo el proceso constituyente, bastante limitado por todas las trabas electorales que existen".

Pero para el abogado el proyecto es también una forma de que la oposición a Piñera reconozca su parte en la situación. "Son bastante responsables porque muchos presos, sobre todo los que están después de marzo de 2020, están presos a raíz de la ley Antisaqueo o Antibarricada, que fueron apoyadas por estas mismas bancadas opositoras al régimen de Piñera", señaló.

Aun así, a varias agrupaciones de amigos y familiares de los presos políticos el proyecto les genera desconfianza, dado que la cuestión de la prisión política solo se instaló con fuerza en la agenda gracias al trabajo realizado por estas organizaciones.

"Venimos hace un año junto a la Coordinadora 18 de octubre llevando a cabo [el trabajo], para visibilizar la injusticia que existe cuando hablamos de prisión preventiva sin que se haya considerado la presunción de inocencia. Por ello después de un año, en que se acercan las votaciones y todo este campo político, no es extraño ver el oportunismo que golpea la vulnerabilidad de muchas familias que solo quieren ver a sus hijos afuera", contrapuso Lili, de la OFAPP.

Entre el temor y la esperanza

Lili también explicó que existe cierto temor al pensar en las familias que están esperanzadas en este proyecto de ley de indulto general porque, en su opinión, "se han creado esperanzas y quizás finalmente no vaya ocurrir nada" en la discusión parlamentaria.

La senadora Adriana Muñoz espera, en primer lugar, que el proyecto se tramite y que, "en la comisión de Constitución podamos escuchar invitados, podamos tramitar artículo por artículo y podamos modificar varias de las disposiciones que hoy están a la luz de debate". La legisladora apuntó que el texto también deberá pasar por la comisión de Seguridad y pidió que "democráticamente se debata y democráticamente se vote y como todo proyecto pueda ser aprobado o rechazado".

Es justamente la discusión parlamentaria lo que genera el mayor temor entre familiares y abogados. "Nuestros presos políticos no confían en la clase política, ¿por qué iban a cambiar de la noche a la mañana si en más de 30 años no lo hicieron?", preguntó Toro.

"Creo que el proyecto ya se presentó de una manera reducida, entonces lo más probable, y el temor que tenemos muchos es que se siga reduciendo el alcance de esta ley", agregó el abogado, señalando que "hay distintos partidos políticos que no están dispuestos a transar con que se incorpore algún tipo de indulto para la gente como los imputados o imputadas formalizados por la ley Antisaqueos, lo que ya va reduciendo la cantidad de presos y presas que podrían optar a este indulto general".

Según el jurista, esta iniciativa debiera aprobarse a partir del clamor popular. "Sin embargo sabemos que la desconexión del Parlamento con la ciudadanía es tal, que lo más probable es que no prospere la iniciativa", comentó. Incluso, afirmó que, en caso de que sí avance en el Congreso, es posible que lo aprobado sea "una ley de indulto general muy reducida y que no beneficie a la totalidad de privados de libertad desde las fechas señaladas en el proyecto original".

Para una buena parte de los familiares y sus defensas, el indulto debe darse sin condiciones de arrepentimiento, intercambio por agentes del Estado o distinción de delitos según su gravedad, siempre que hayan sido penados por motivación política. "Son todos o nadie, ya que esta lucha ha sido colectiva y no individual", reivindicó Lili.

Toro remarcó que ese primer principio es intransigente, pero afirmó que hay un segundo principio que radica en que el proyecto de ley "tiene que abrir un camino para la libertad de todos los presos y presas políticas anteriores al 18 de octubre sean chilenos o mapuches".

El abogado reiteró que siempre va a existir una desconfianza con el mundo político, por lo que cualquier avance siempre llegará "desde un carácter autónomo, autogestionado del pueblo, de relaciones populares que impulsen una lucha frontal que permite ir haciendo retroceder al poder y así ir logrando más cosas".

"Evidentemente lo que se conquiste va a ser tarea del mundo popular, de su lucha frontal, y no de las migajas que puedan dar ellos y ellas", sintetizó.

Frente a ello, la OFAPP, en voz de Lili, declaró que "seguiremos organizados en las calles, como siempre, haciendo un llamado a los territorios y a las individualidades a acompañarnos en esta lucha por la libertad de todos los presos políticos, porque aún no hemos ganado nada al respecto".