Argentina 2020: balance agridulce de un año de crisis, contención social y esperanzas de crecimiento

El país austral inició el año, y un nuevo gobierno, en plena emergencia económica, con índices récord de pobreza, inflación y endeudamiento. La pandemia impidió la recuperación, golpeó el trabajo e implicó inversiones en el sistema sanitario y la protección de los más vulnerables.

Argentina es un país acostumbrado a las crisis sociales, la inestabilidad económica, y la polarización política. Pero pocas veces se ha visto enfrentado a todas estas variables juntas sumadas a una amenaza directa a la salud de sus habitantes como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y a un escenario mundial donde la única certeza es la incertidumbre, con el consenso de estar atestiguando el inicio de una nueva era sin precedentes.

Cuando comenzó 2020, el presidente, Alberto Fernández, llevaba menos de un mes en el cargo y su primer acto de gobierno fue instaurar la Emergencia Económica, un paquete de medidas para paliar la crisis provocada luego de cuatro años de gestión neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019).

La declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó a que el Gobierno determinara el 13 de marzo el cierre de fronteras y a que se instaurara la Emergencia Sanitaria nacional y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el territorio, que impidió la libre circulación de personas y estableció estrictos protocolos para los trabajadores considerados esenciales.

Al cerrar el año, Argentina registra más de 1,5 millones de contagios acumulados y más de 42.000 muertes totales. A finales de noviembre el Gobierno dispuso la continuidad en todo el país de las medidas de distanciamiento social, aunque algo más relajadas que la cuarentena, más restrictiva, mantenida en gran parte del territorio desde marzo.

La llegada desde Rusia de las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V generan un horizonte de esperanza ya que se espera inocular a 10 millones de personas en el primer trimestre de 2021.

Llovido sobre mojado

Los índices de inflación anuales habían pasado en el único mandato de Macri de 25 a 50%; el peso acumuló una devaluación de 540% al pasar de menos de 20 a más de 60 por cada dólar; la pobreza alcanzó al 35% de la población; el desempleo superó las dos cifras al llegar a 11% y la deuda pública llegó al récord histórico de 300.000 millones de dólares, equivalente a 95% del PBI (70% en moneda extranjera).

Esta deuda externa incluye un cuestionado préstamo sin precedentes otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 44.000 millones de dólares más intereses (52.000 millones en total), que viene acompañada de exigencias de reducción del déficit fiscal, una política de ajuste que es resistido por el oficialismo, que demanda un programa de pagos sustentable que no golpee más a la clase trabajadora.

El Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, tuvo como principal tarea la negociación de la deuda pública con vencimiento inminente. Luego de la reestructuración de la deuda local, alcanzó en agosto un acuerdo con los bonistas privados por deuda bajo ley extranjera por 67.000 millones de dólares, primer paso para salir del default virtual en que se encontraba el país desde el reperfilamiento de bonos que realizó la gestión Macri en 2019.

"Hay que destacar algunos buenos logros, y uno fue el acuerdo con los acreedores privados. El año hay que dividirlo en dos, a nivel económico. La primera parte, hasta agosto-septiembre, la sorpresa de la pandemia echó por tierra todos los planes del Gobierno, que hace fuerte hincapié en el crecimiento a través del aumento del consumo en la base de la pirámide", dijo a Sputnik el economista argentino Nicolás Litvinoff, director del sitio de capacitación financiera Estudinero.net.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en lo que va de 2020 el consumo cayó más de 20% y estimaciones privadas señalan que el año podría terminar con una baja de 13,5%. Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró que en octubre las ventas en los comercios cayeron 14,9% interanual y hubo una pérdida acumulada de 26,2% en lo que va del año.

La caída del consumo se explica porque cayeron la oferta y la demanda. En 2020 se continuó con el colapso de la capacidad de compra de los ingresos de los trabajadores, que durante la gestión Macri habían acumulado una pérdida de 20% del poder adquisitivo. Hasta agosto, los salarios evolucionaron 0,3% por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el registro de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) marcó una pérdida de 1,4% en términos reales.

La pandemia destrozó todas las expectativas de recuperación. En octubre de 2020, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de -7,4% respecto al mismo mes de 2019.

El 49,3% de los hogares de la zona metropolitana de Buenos Aires, capital nacional, donde vive un tercio de la población argentina, constató una reducción de sus ingresos totales. Además, la tasa de desempleo en el tercer trimestre de 2020 fue de 11,7%, que disminuyó del 13,1% registrado en el período anterior.

Al mes de noviembre, último con datos oficiales, la inflación interanual acumuló un aumento de 35,8% y un alza de 30,9% durante los primeros 11 meses de 2020. Los consultores económicos que integran el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimaron para este año un aumento de precios de 36,7%. La caída del PBI al tercer trimestre de 2020 fue de -10,2% y se calcula que será de más de 12% en el año.

Las medidas de aislamiento golpearon a la industria, la construcción, el comercio y los servicios, y principalmente afectó el trabajo informal, del que depende gran parte de la población más vulnerable, por lo que se debieron reforzar las medidas de contención social.

Apuesta a la contención social

Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODS-UCA), los índices de pobreza e indigencia subieron a 45% y 10% de la población, pero habrían llegado a 53% y 27% si no se hubieran destinado los recursos para sostener a los más vulnerables.

El Estado destina 6,73% del PBI a contener los impactos de la pandemia, según la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que por su cuenta ha invertido el 2,2% del producto en ayudas directas a trabajadores informales e independientes y en contribuciones a las empresas para ayudar a pagar los salarios de sus empleados.

El 26,8% de los hogares situados en la zona metropolitana de Buenos Aires tuvo algún miembro que accedió a alguna de las prestaciones lanzadas por el Poder Ejecutivo para contener las consecuencias de la pandemia del COVID-19, además de obtener otra asignación habitual a la que tenía derecho. Un 21,2% de los hogares que no recibían ninguna prestación habitual tuvo acceso a alguna de las ayudas contempladas por el Gobierno debido a la pandemia.

Para evitar el drenaje de las reservas del Banco Central, el Gobierno mantuvo estrictas restricciones a la compra de divisa extranjera para ahorro, de 200 dólares mensuales y excluyente de todo aquel que haya recibido beneficios o programas de estímulo al salario, y sumó nuevos impuestos y limitaciones. Esto generó un crecimiento en la brecha con el dólar blue, tipo de cambio informal y paralelo al oficial, que determina el mercado minorista de productos y servicios que se siguen rigiendo con la moneda extranjera como referencia.

"En el último trimestre hubo un cambio cuando el presidente le dio a Guzmán la manija de la economía real y la financiera y monetaria, que antes estaba dividida entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Se tomaron medidas que trajeron resultados en términos de poder frenar la devaluación, hacer que ceda la brecha cambiaria con el dólar paralelo y caiga la presión inflacionaria, que es hasta ahora un logro importante, que hay que mantener, algo que no es fácil, y que se mantendrá si la economía empieza a levantar", continuó Litvinoff.

Además, el oficialismo logró sancionar en diciembre en el Congreso una ley que determina el pago de un aporte solidario extraordinario a las 9.000 personas residentes en el país que tienen declarados más de 200 millones de pesos (2,34 millones de dólares al cambio oficial), que pagarían entre 2 y 3,5% progresivo según los análisis del fisco, y que será mayor para los 300 que se ubican en lo más alto de la pirámide patrimonial. Se pretende recaudar 300.000 millones de pesos (3.519 millones de dólares, al cambio oficial).

"Hay algunos datos alentadores en lo que son las subas intramensuales en el sector manufacturero, también hay datos de que la construcción está creciendo y está muy demandada. Son motores importantes. El tercer trimestre trae algunas esperanzas de que, si se arregla con el FMI y afloja un poco el tema de la pandemia, se pueda tener un 2021 de crecimiento económico con un rebote importante", concluyó el economista.