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    El Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile autorizó el pago de gratificaciones especiales por el periodo de excepción a más de 16.000 funcionarios de la Policía militarizada. El pago totaliza más de 18 millones de dólares en un momento de crisis económica y no beneficia a otros trabajadores públicos en verdadero peligro.

    Tres decretos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicados el 3 de septiembre el Diario Oficial de Chile dieron luz verde para que la Dirección General de Carabineros— la Policía militarizada señalada como responsable de más del 90% de las violaciones de derechos humanos— pague millonarias cifras en gratificaciones especiales a sus funcionarios, en este periodo de pandemia.

    La entrega de estos beneficios remunerativos exclusivamente a los funcionarios de Carabineros, que habrían desempeñado "misiones de emergencia peligrosas de excepción" durante el periodo de pandemia, alertó a parlamentarios chilenos por no haber considerado también el trabajo del personal de la salud.

    "Nos llamó la atención enormemente que se estuviera autorizando el pago de una gratificación especial de riesgo para Carabineros de Chile por servicios extraordinarios prestados durante la pandemia. Es una situación de la que no teníamos conocimiento, nos llamó inmediatamente la atención porque estábamos presentando propuestas para obtener algún incentivo, algún reconocimiento remuneratorio para los trabajadores de la salud, y nos encontramos con que sin que lo pidieran Carabineros de Chile ya tenían un aumento de sueldo por el Gobierno sin ningún anuncio público", dijo a Sputnik Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista.

    "Fue de manera casi incluso subrepticia, por eso hicimos la denuncia correspondiente por la falta de justificación y particularmente de la injusticia o del acto discriminatorio que se cometía en perjuicio de los trabajadores de la salud", agregó el parlamentario.

    Soto también recordó que durante meses los servicios de urgencia de hospitales públicos y privados trabajaron a tope y con horarios extenuantes, llegando incluso a atender pacientes en las afueras de los centros de salud o en las ambulancias, con un verdadero riesgo hacia sus vidas.

    "Incluso hay algunos funcionarios de salud que fallecieron en sus labores, producto del coronavirus, y a ellos no se les entregó ni siquiera un reconocimiento, un saludo y menos una asignación. Ellos no son considerados, son excluidos. Los únicos que se consideran para ser beneficiados y reconocidos por parte del Estado son Carabineros de Chile. Y eso nos pareció de un doble estándar gigantesco", acusó el diputado.

    Frente a esta situación, Soto y otros parlamentarios presentaron dos iniciativas. La primera fue pedirle a la Cámara de Diputados un proyecto para establecer un reconocimiento remuneratorio que alcance también a los trabajadores de la salud pública, "que son los verdaderos héroes de esta pandemia porque han salvado miles y miles de vidas humanas, y ellos sí que efectuaron labores extraordinarias en circunstancias totalmente inusuales y extraordinarias".

    La segunda apuntó a conocer los alcances de la medida que benefició a Carabineros, dado que en un primer momento no sabían los montos involucrados. La consulta también buscaba determinar si el monto asignado se correspondía con la cifra de 16.295 funcionarios autorizados por el Ministerio del Interior a recibir el beneficio.

    Las cifras no cuadran

     Carabineros en las inmediaciones de Plaza Dignidad
    © Sputnik / Carolina Trejo
    Carabineros en las inmediaciones de Plaza Dignidad

    Fue la investigación periodística del Diario y Radio de la Universidad de Chile, a través de la Ley de Trasparencia, la que dio a conocer no solo el detalle del dinero involucrado en el pago de las Gratificaciones Especiales a la Policía chilena —más de 18 millones de dólares—, sino también que el número real de funcionarios beneficiados supera en más de 9.000 efectivos lo autorizado por el Ministerio del Interior. Si bien había 16.295 carabineros autorizados a recibir el pago, el dinero llegó a 25.413 agentes.

    "Al hacer algunas operaciones matemáticas respecto de esta gratificación que estaba autorizada para un total de cerca de 16.000 carabineros, nosotros vemos que la cantidad que recibieron este beneficio son cerca de 25.000. Las cifras no cuadran y el alto mando de Carabineros tiene que dar una gran explicación al país de por qué el número total de funcionarios policiales beneficiados que informó Carabineros mediante Ley de Transparencia es superior al que autorizaron los decretos que otorgan este beneficio", subrayó el diputado Soto.

    El legislador advirtió que la diferencia en las cifras "puede ser la punta de un iceberg respecto de abuso con recursos públicos o de un nuevo caso de corrupción al interior de Carabineros de Chile".

    Para el parlamentario, es posible que se esté en presencia de un nuevo esquema de defraudación con recursos públicos que se generaron especialmente durante la pandemia, por lo que podría tratarse de casos de corrupción muy superiores a los que se tenían antes de la crisis sanitaria.

    "Varias instituciones nos han dicho y han sido muy claras, que cuando se producen estas circunstancias extraordinarias como la pandemia, con confinamiento, con cuarentena, donde hay que tomar decisiones rápidas por parte de instituciones públicas para entrega de recursos, muchas veces se hacen por trato directo y sin la debida transparencia, al alero de esa mayor opacidad que ocurre en pandemia", comentó Soto.

    Una situación que resulta grave, no solo si se considera que son recursos fiscales en tiempos de crisis sanitaria sino también económica, donde se requiere un mayor nivel de austeridad. "Los ingresos del país han bajado más de 10% en algunos meses y Chile va a ser mucho más pobre ahora que antes de la pandemia. Que en medio de este desastre económico, social, de baja de ingresos general de la población, se estén entregando incentivos, sobre todo con el nivel de descontrol y de falta de supervisión que hemos visto en Carabineros, es una cuestión que no se sustenta", complementó el parlamentario.

    Soto cuestionó que gran parte de los beneficiados con estas gratificaciones de riesgo son oficiales que ya recibieron cantidades importantes de dinero por servicios que estaban dentro de sus funciones y que se le entregó a otros 7.000 funcionarios policiales que no estaban inicialmente contemplados en la lista.

    "En el caso que se esté destinando recursos de la institución, que no están expresamente autorizados para esta gratificación de riesgo institucional, evidentemente podríamos estar en presencia de un delito de malversación de fondos públicos", acusó, señalando que no existe claridad sobre de dónde se extrajeron los recursos.

    "En el pasado lo han hecho con el Pacogate, que también implicaba destinar recursos para finalidades que no estaban autorizadas en las respectivas asignaciones presupuestarias. Esperemos que el resultado de nuestra investigación nos dé claridad de si han existido o no estos delitos" auguró el diputado.

    Premiar la represión

    Carabineros de Chile deteniendo a un hombre (archivo)
    © REUTERS / Ivan Alvarado
    Carabineros de Chile deteniendo a un hombre (archivo)

    La posibilidad que el personal policial que participa en materias de control de orden público pueda haber sido beneficiado con estas gratificaciones de riesgo resulta altamente cuestionable. Tanto para muchas organizaciones civiles como para parlamentarios resulta impresentable que hayan sido favorecidos con estos dineros, considerando el nivel de violaciones a los derechos humanos producidas tras el 18 de octubre de 2019 y consignadas en diversos informes especializados de Chile y el exterior que atribuyen a Carabineros un 92,9% del total de los casos.

    "Nosotros esperamos que no hayan existido estos incentivos, estos verdaderos premios por violar los derechos humanos para el personal que ha estado reprimiendo en las calles. Como no tenemos total claridad de si ha sido de esa manera, esperamos el informe de la Contraloría para poder determinar o descartar si los efectivos han recibido estos incentivos remuneratorios por haber participado en abuso o violación a los derechos humanos", explicó Soto.

    Para los abogados de derechos humanos Nicolás Toro y Yanira González Henríquez, las gratificaciones resultan una señal contradictoria y aberrante de parte del Gobierno, contraria a "los informes de organizaciones a nivel internacional que señalan que en Chile hubo violaciones a los derechos humanos y que los que los cometieron mayoritariamente fueron carabineros", según comentaron a Sputnik.

    "Que por un lado el Gobierno reconozca que sí hubo violaciones a los Derechos Humanos y después otorgue estas gratificaciones es sí o sí como un premio a Carabineros, que sí o sí ha vulnerado la integridad física y psíquica de las personas", añadieron.

    El diputado Soto coincidió en que las medidas del Gobierno son erráticas en materia de represión policial, al tiempo que reclamó que el país dé "una señal clara de 'nunca más' en materia de represión policial y violación a los derechos humanos", así como "una conducta clara en el sentido de castigar a los funcionarios policiales que incurrieron en estos hechos".

    "Hasta ahora no ha sido así", continuó el parlamentario. "Hoy día estamos viendo que posiblemente pudieron haber entregado premios en dinero a las unidades de Fuerzas Especiales, lo que no tiene ninguna justificación", concluyó.

    ¿Qué tipos de gratificaciones recibirán los carabineros?

    Los beneficios para los policías varían en sus porcentajes según la función y la región a las que corresponda cada funcionario, como lo detalla cada decreto respectivo:

    • Gratificación de Riesgo del decreto 264

    Está prevista para quienes se desempeñen en "misiones de emergencia peligrosas de excepción". Mientras cumpla este tipo de misiones, el agente podrá gozar de una gratificación especial de riesgo, no imponible, de hasta un 20% de su sueldo en posesión. Este porcentaje corresponde a las regiones de Valparaíso, del Biobío, La Araucanía y Ñuble.

    El beneficio será de 15% para los carabineros de Antofagasta, del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule y de Los Lagos; y de un 10% sin son de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Coquimbo, Los Ríos, Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena. Asignaciones que se les otorgará de acuerdo con los fondos que se consulten en la Ley de Presupuesto de la Nación.

    • Gratificación de Operaciones Policiales Especiales del decreto 265

    Está prevista para el personal de Orden y Seguridad que, teniendo el título de Operaciones Policiales Especiales, desempeñe en forma efectiva y principal funciones propias de la especialidad en Reparticiones, Unidades y, o Secciones de Operaciones Policiales Especiales.

    El beneficio económico será equivalente al 30% del sueldo base más el diferencial por goce de sueldos superiores.

    • Gratificación de Reparticiones o Unidades de Fuerzas Especiales

    Están destinadas a los responsables de la represión en las calles, es decir, el personal de Orden y Seguridad que desarrolle servicios policiales efectivos. Estos agentes recibirán una gratificación especial equivalente al 20% del sueldo base más el diferencial por goce de sueldos superiores.

    • Gratificación Especial de Protección de Autoridades del decreto 266

    Abarca a los funcionarios que se desempeñan en el Departamento de Protección de Personas Importantes, del Departamento de Seguridad Presidencia, del Grupo de Guardia de Palacio y del Grupo Escolta Presidencia.

    En cada tipo de gratificación, como lo comprobó la investigación periodística, la cantidad de funcionarios beneficiados fue mayor a la autorizada por la cartera de Interior.

    Etiquetas:
    crisis económica, pandemia de coronavirus, violación a los derechos humanos, investigación, corrupción, dinero, Carabineros de Chile, Chile
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