"La Comisión ha observado que las actitudes, discursos y políticas públicas de algunos gobiernos de la región podrían haber afectado las condiciones materiales para el libre consentimiento de estas personas al momento de decidir sobre el retorno", dice el texto.En ese sentido, señala que la exclusión de la población venezolana de la asistencia económica, social y de salud que se brinda en los países "ha sido un importante factor que influyó en su decisión, así como también situaciones de desalojos forzados".
Agrega que algunos gobiernos habrían utilizado el contexto de la pandemia para exhortar públicamente a esta población a regresar a su país.
El organismo destaca que los Estados deben asegurar que los procesos de retorno sean voluntarios, así como promover soluciones duraderas y sostenibles para que sean seguros.
Según los datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), desde el comienzo de la pandemia hasta junio de 2020, aproximadamente 50.000 personas regresaron a Venezuela.
En tanto, las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan que un total de 331.322 migrantes venezolanos en situación irregular en Colombia podrían retornar a su país hasta fin de año.
La CIDH también advierte sobre los obstáculos y riesgos a los que se enfrentan quienes emprenden el regreso, debido al cierre de fronteras y otras restricciones implementadas para contener la pandemia.
Recuerda que las acciones de respuesta y mitigación ante el COVID-19 "no pueden dar lugar a ningún tipo de discriminación hacia las personas migrantes basada en su nacionalidad, estatus migratorio o situación socioeconómica".
Finalmente expresa preocupación por la situación de las personas venezolanas retornadas que deben cumplir con medidas de aislamiento en Puntos de Atención Social Integral (PASI) ubicados en su país.
Según el comunicado, que cita fuentes públicas, dichos albergues presentan hacinamiento, no cuentan con agua potable constante o alimentos de calidad, carecen de camas suficientes, y no cumplen con condiciones de salubridad e higiene, mientras que se reportan presuntos malos tratos.
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