El organismo regulador indicó que "de aprobarse en los términos propuestos, dificultará seriamente la competencia y libre concurrencia en la comercialización de petrolíferos", lo que podría afectar el acceso a una mayor oferta de suministro y mejores precios para los consumidores mexicanos.
El 1 de diciembre, la Sener envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el 'Anteproyecto de Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación de la Secretaría de Energía', documento que propone, en primer término, eliminar los permisos de importación con vigencia de 20 años y los sustituye por otros de sólo cinco años.
Al respecto, la Cofece alertó que ello tiene el potencial de reducir "los incentivos para invertir en infraestructura de transporte y almacenamiento, y reafirmando, en el mediano plazo, la posición dominante de Pemex en la comercialización".
También alertó que el anteproyecto establece una negativa aparente para el trámite de los permisos, por lo que la Sener podría denegarlos sin necesidad de responder ni justificar al solicitante las razones por las cuales no los otorga. Del mismo modo, acusó que se establecen requisitos poco claros y onerosos para la solicitud de permisos y se otorga amplia discrecionalidad a la Sener en su revocación y caducidad.
Finalmente, la Cofece consideró que el anteproyecto distorsiona la figura administrativa del permiso, debido a que "lo convierte en un instrumento de política pública para controlar la balanza energética, fomentar el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras, así como evitar fraudes y contrabando".
La entidad reguladora explicó que, a fin de asegurar la competencia, es indispensable que la nueva regulación no obstruya sin justificación la obtención, uso y renovación de los permisos para la importación de estos productos, e igualmente, garantice que la Sener otorgue las autorizaciones de forma expedita y sin discriminación.
En octubre, la Sener reveló su intención de revisar todos los permisos de importación de gasolinas y diésel otorgados desde el 1 de enero de 2016, así como cancelar las autorizaciones a las empresas que no hayan movido petrolíferos en los últimos 22 meses.
Según El Universal, esta decisión pretende devolverle a Pemex la preponderancia sobre las importaciones de combustibles automotores, debido a que, a partir de la apertura en ese sector, la iniciativa privada pasó a controlar el 20% y 36% de las compras de gasolina y diésel en México, respectivamente.
Asimismo, el 8 de agosto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los organismos reguladores alinearse a su política energética, la cual consiste en fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas, así como detener la entrega de permisos o concesiones a particulares en el ramo energético.
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