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    LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano Luis Arce anunció la reactivación de proyectos de industrialización de hidrocarburos para recuperar la nacionalización del sector que, según denunció, el reciente gobierno transitorio de Jeanine Áñez trató de revertir con una política neoliberal.

    "Esta crisis tiene que servirnos para relanzar a nuestra empresa petrolera (YPFB), aprender de los errores y profundizar los aciertos de 14 años de nuestro gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS)", dijo Arce en un acto de celebración del Día del Petrolero.

    El economista que encabezó el retorno del MAS al poder el pasado 8 de noviembre luego de poco más de 11 meses de gobierno nacional transitorio, dijo que los afanes neoliberales de Áñez, la indisciplina política de algunos ejecutivos y trabajadores y la corrupción pusieron en grave peligro la nacionalización petrolera.

    La industria de hidrocarburos boliviana fue nacionalizada en 2006, primer año de los 14 de Evo Morales y el MAS en el poder, y desde entonces YPFB se ha erigido en la empresa estatal más grande del país y principal generadora de impuestos internos y divisas por exportación de gas natural a Argentina y Brasil.

    Arce dijo que los logros de la nacionalización, en particular los programas de industrialización y de redistribución de sus ganancias en forma de bonos a sectores sociales desfavorecidos, fueron puestos en riesgo durante la gestión transitoria, que coincidió con la pandemia y una crisis económica global.

    Proyectos

    El gobernante dijo que el proyecto petroquímico más próximo a ser reactivado es la fábrica de urea y amoniaco de 950 millones de dólares, que Morales inauguró en 2017 y la administración de Áñez cerró a fines de 2019 sin más explicación que una supuesta falta de competitividad.

    Otro proyecto, ya casi listo para ser licitado, es una fábrica de diésel ecológico, que estaría también a cargo de YPFB.

    La paralización de la planta de urea y amoniaco ha provocado un perjuicio económico de al menos 250 millones de dólares, por la pérdida de negocios y daños técnicos emergentes de un inadecuado mantenimiento durante la pausa, según un reciente informe de YPFB.

    Arce dijo que la paralización de ese complejo petroquímico privaba a Bolivia de divisas por el incumplimiento de contratos de exportación de urea y obligaba a cubrir el mercado interno con importaciones que consumían las escasas reservas internacionales.

    El mandatario reveló que ha instruido a YPFB que asigne máxima prioridad a la reactivación de esa planta, ubicada en la región productora de coca de Chapare (centro), objetivo que confió que se podría alcanzar en un plazo de cuatro meses.

    Sobre la industria de diésel ecológico, que de acuerdo con planes anunciados el año pasado incluiría la utilización de aceites vegetales, el presidente boliviano remarcó que uno de sus objetivos más importantes es la sustitución de importaciones.

    Bolivia gasta más de 1.000 millones de dólares anuales, equivalentes a la quinta parte de sus actuales reservas internacionales, en la importación de diésel, debido a que la producción hidrocarburífera del país consiste mayormente en gas natural y crudos livianos.

    Pero estos planes, advirtió Arce, seguirán bajo amenaza si no se erradica la corrupción que ha manchado a la empresa petrolera estatal particularmente en el último año.

    "Si hay algo positivo que nos han dejado esta cuarentena y el gobierno de facto es que nos hemos podido reconocer, ver a la cara, saber quién son y quiénes fueron, no solo ejecutivos y altos funcionarios, sino también trabajadores de nuestra propia empresa estatal que traicionaron los principios de nacionalización", señaló.

    Afirmó que en el centro de esa "traición" estaba "la corrupción, que es un enemigo que ha manchado a la empresa petrolera y que no puede volver".

    Arce agregó que la recuperación de la industria petrolera en manos del estado debería garantizar la redistribución de utilidades en forma de bonos para niños, ancianos y mujeres embarazadas, entre otros.

    A esos bonos se ha destinado parte de la renta petrolera o recursos transferidos por YPFB al Estado en diversos tributos en los pasados 14 años, que sumaron unos 35.000 millones de dólares, según informes oficiales.

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