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    MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua aprobó con el voto mayoritario de los diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz".

    "Las prohibiciones para optar a cargos de elección popular existen tanto en la Constitución Política de la República de Nicaragua, como en el resto del ordenamiento jurídico nicaragüense, el artículo 147 (constitucional) señala la prohibición de optar a la presidencia de la República a todo nicaragüense que encabece o financie un golpe de Estado, que altere el orden constitucional", dijo la diputada Loria Dixon al leer la exposición de motivos de la iniciativa jurídica presentada al Legislativo por el presidente Daniel Ortega.

    Hacer prevalecer los principios constitucionales de la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, así como la no injerencia en los asuntos internos del pueblo nicaragüense, es un objetivo del nuevo texto jurídico fundamentado en su argumentación.

    De tal manera los nicaragüenses que menoscaben tales principios establecidos por la Carta Magna no podrán optar a cargos de elección popular, reafirmó la exposición.

    El presidente de la Junta Directiva del parlamento, Gustavo Porras, señaló —entre otros actos punibles por la legislación aprobada este lunes 21— las peticiones de una intervención armada de una nación extranjera en Nicaragua, lo cual consideró como traición.

    "Esta ley está totalmente acorde con al sistema jurídico nacional y a la Constitución Política, si por razones políticas ustedes quieren oponerse, esa es decisión de ustedes", aclaró Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN a los diputados de la oposición.

    El líder de la fracción mayoritaria recordó que el partido rojinegro propició la celebración de las primeras elecciones pluripartidistas en Nicaragua, en 1984, tras 40 años de farsas montadas en sufragios de dos formaciones (liberales y conservadores)

    "Democracia sí, pero no derramamiento de sangre por intervención extranjera, (…) no más intentos de golpe de estado (…), diversidad de pensamiento sí, muerte y dolor nunca más en Nicaragua", concluyó Castro su intervención ante el plenario.

    Un total de 70 votos respaldaron la aprobación del nuevo texto jurídico, con 14 en contra y cinco abstenciones.

    Nacionalización de empresas distribuidoras de electricidad

    Las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad Disnorte y Dissur pasaron al control y administración del Estado de Nicaragua, tras la aprobación este lunes de una ley de nacionalización de sus activos por la Asamblea Nacional (parlamento).

    "Con esta ley el Estado se asume como rector, garante y restituidor del derecho del pueblo a acceder a la energía eléctrica (por eso se declara de utilidad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones de propiedad de le empresa TSK Melfosur Internacional, S.A. en las sociedades anónimas Disnorte y Dissur", dijo al argumentar su voto el diputado Carlos Emilio López, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

    López expuso que el nuevo texto jurídico está en correspondencia con varios artículos de la Constitución política del país, como el 98, el cual en términos de economía asigna al Estado la responsabilidad de lograr el desarrollo humano sostenible, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la distribución más justa de las riquezas.

    También hizo referencia al apartado 105, que obliga al Estado de la promoción, facilitación y regulación de los servicios públicos básicos, entre ellos, energía, comunicación, agua y transporte, entre otros.

    "Esta es una buena noticia, el servicio de energía eléctrica será totalmente del pueblo de Nicaragua (…) con esto no solo se garantizará cobertura, sino calidad y la posibilidad de seguir reduciendo los costos", apuntó López.

    Meta superada

    Edwin Castro, líder del grupo parlamentario del FSLN, destacó que el país concluirá el año con un 98,50% de cobertura eléctrica en todo su territorio, por encima de la meta (98,42) fijada para 2020.

    Otra legisladora sandinista, Jenny Martínez, aseguró que la iniciativa legal marca una pauta en la historia del sector energético nicaragüense.

    "Estamos realizando un acto de defensa de nuestra soberanía al restituirles un derecho fundamental a las familias nicaragüenses", reafirmó.

    El diputado Maximino Rodríguez, del opositor Partido Liberal Constitucionalista, reconoció que durante el Gobierno de esa formación, encabezado por el presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), organismos internacionales le impusieron a Nicaragua una agenda de privatizar los servicios básicos, entre ellos el de la electricidad.

    Sin embargo, Rodríguez terminó votando en contra de la ley nacionalizadora, que recibió el apoyo de 75 legisladores (de 92), entre ellos los de la Bancada Unidad Liberal que normalmente no se alinea con el FSLN.

    Etiquetas:
    independencia, soberanía, ley, Nicaragua, Centroamérica
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