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    Fuera de EEUU los oficiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) suelen ser discretos para coordinar las operaciones contra el narcotráfico en América Latina y el Caribe. Sin embargo, la presencia de los agentes estadounidenses a veces resulta molesta e incómoda para las policías y autoridades locales.

    El episodio más reciente en ese sentido involucró al exsecretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Los Ángeles tras una investigación desarrollada por casi 10 años. El arresto generó gran malestar en México por no haber sido informado y provocó que su Gobierno aprobara recientemente reformas a su Ley de Seguridad para restringir las operaciones de los agentes extranjeros en su territorio.

    Entre los cambios, se eliminó su inmunidad y se establecieron obligaciones para que los agentes apostados en México compartan la información que recaben en el país con las autoridades nacionales. Del mismo modo, se les prohíbe realizar arrestos y se estableció que deberán solicitar un permiso para portar armas.

    Otro ejemplo tuvo lugar en el 21 de julio de 2009, cuando varios agentes de la DEA comandaron a las fuerzas policiales, militares y judiciales de Guatemala para una cacería aérea en La Reforma, una aldea al oriente de ese país donde se pretendía capturar a seis jerarcas del Cártel de los Lorenzana, uno de los más poderosos del área y aliado a cárteles como el de Sinaloa.

    El operativo falló tras una fuga de información e implicó el escape del grupo de líderes criminales. Sin embargo, al conocerse el operativo, surgieron diversas críticas por la violación de la soberanía guatemalteca.

    La presencia de agentes extranjeros armados debe ser autorizada por el Congreso de Guatemala, indicó la directora ejecutiva de la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, Iduvina Hernández. Sin embargo, consideró que ese factor "sólo es un pretexto" invocado a conveniencia de las autoridades, recoge El Universal.

    La DEA nació el 1 de julio de 1973 con el objetivo de reforzar la guerra antidroga lanzada por el entonces presidente estadounidense, Richard Nixon. En ese momento, la atención se concentró en controlar el mercado de marihuana y cocaína, producidas entonces en países como Colombia, Perú y Bolivia.

    A 47 años de ese hecho, la crisis de las drogas sintéticas, con proveedores en América Latina y el Caribe, así como en China, se ha convertido en la principal amenaza para los intereses de Washington. Además, países como Honduras y Guatemala también se han convertido en productores de cocaína.

    Del mismo modo, la DEA ha sido capaz de operar sin mayores restricciones en países como Guatemala, aunque en Venezuela, el entonces presidente Hugo Chávez ordenó su expulsión en 2005, tras acusar que sus agentes apoyaban a los narcotraficantes en vez de combatirlos.

    Tres años después, Bolivia seguiría el mismo camino. Bajo el argumento de que conspiraban contra su Gobierno, Evo Morales, el entonces mandatario, dio tres meses a los agentes de la DEA para abandonar su país.

    En contraste, la red de la DEA en Colombia fue esencial para combatir a los célebres cárteles de Medellín y de Cali. Pero, tras la implementación del Plan Colombia, expertos acusaron que las acciones generaron pocos resultados y, en cambio, aceleraron el desplazamiento de miles de personas.

    La DEA dispone en América de 40 oficinas, de las cuales cuatro tienen mando regional en la Ciudad de México (que incluye a Centroamérica), San Juan, Puerto Rico (para el Caribe), Bogotá (para Colombia, Ecuador y Venezuela); y Lima (para Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

    Asimismo, la agencia cuenta con 15 oficinas residentes en México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Bahamas, además de 21 "oficinas país" en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, República Dominicana, Haití, Jamaica, Guyana, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago y Curazao.

    En su declaración de principios, la DEA asevera que coopera con Gobiernos extranjeros a fin de reducir la disponibilidad de drogas ilícitas en Estados Unidos. Para ello, dice recurrir a métodos sin fuerza para erradicar y sustituir cultivos ilegales de droga. Así, los países latinoamericanos continúan encabezando la lucha armada contra el narcotráfico, con resultados cada vez más cuestionables.

    Etiquetas:
    DEA, Venezuela, Bolivia, Colombia, México
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