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    LA PAZ (Sputnik) — Un ambicioso proyecto de reforma judicial en Bolivia arrancó en noviembre con marca de urgencia y ganó rápidamente consenso político, pero va perdiendo impulso y hasta genera nuevos roces entre el oficialismo y la oposición, con polémicas y cambio de fechas.

    El referéndum nacional anunciado por el Gobierno socialista para el 7 de marzo, con objeto de poner en marcha la reforma de la Justicia a partir de un cambio de la Constitución, sigue oficialmente en pie, pero nadie sabe cuándo se haría.

    Esa fecha, coincidente con una jornada de elecciones regionales, fue propuesta por el ministro de Justicia, Iván Lima, principal impulsor de la reforma judicial, quien en pocos días pasó de un entusiasmo que parecía contagiante a una cautela que despertó sospechas en opositores, que denunciaron una supuesta intención gubernamental de anular el plan.

    Idas y venidas

    Lima, un exmagistrado del Tribunal Constitucional, lanzó el plan al asumir su cargo tras la asunción presidencial de Luis Arce, el 8 de noviembre, quien entre otras cosas había prometido la reforma judicial para acabar con un sistema conocido históricamente como corrupto, ineficiente y sometido a los poderes políticos.

    Aseguró entonces que la reforma tenía carácter de urgencia porque la "crisis" del sistema de jueces, tribunales y fiscalías afectaba a todos los ciudadanos y dañaba también al proceso democrático.

    El 3 de diciembre, al instalar un grupo de diez "notables" encargado de elaborar los proyectos legales del nuevo sistema, Lima sugirió que los cambios mayores serían aprobados mediante un referéndum de reforma constitucional a realizarse junto con los comicios regionales, que para esa fecha ya estaban convocados.

    El trabajo de los "notables" parecía avanzar en consenso, hasta que el ministro dijo el pasado fin de semana que el referéndum no sería posible en la fecha anunciada.

    "La reforma constitucional queda descartada para el 7 de marzo, ya no hay la posibilidad material para llegar a esa instancia, pero el Gobierno del Movimiento Al Socialismo [MAS] mantiene la firme decisión de hacer la reforma judicial que espera Bolivia", anunció el Ministro.

    Explicó que el cambio de planes surgió de "incontables" demandas de participación hechas por colegios regionales de abogados, comités cívicos, universidades y expertos de todo el país, que consideraban excluyente al trabajo encomendado a los "notables".

    Lima dijo que, en esa situación, su oficina decidió realizar a partir de enero un proceso de "socialización" de la reforma en los nueve departamentos, visitando cada uno de éstos durante al menos una semana.

    "Vamos a encarar este proceso durante los tres primeros meses del año, escuchar al país para la reforma estructural de la justicia, para tener un documento consensuado entre todos los bolivianos a fines de marzo, cuando ya hayan pasado las elecciones subnacionales", señaló el ministro de Justicia.

    Agregó, ante las primeras críticas al cambio de planes, que la necesidad de un acuerdo nacional sobre los cambios en la justicia convertía en poco significativo a un desacuerdo inicial sobre fechas y plazos.

    Desconfianza 

    "El proceso se está quedando solamente en buenas intenciones (…) El anuncio del MAS de llevar adelante el proceso con calma es una señal para seguir manipulando el sistema judicial y la Fiscalía", dijo esta semana el abogado Carlos Alarcón, jefe de la bancada parlamentaria de la conservadora Comunidad Ciudadana.

    Prueba de esa "manipulación", según sugirió, sería la reciente decisión de una jueza anticorrupción de anular y archivar un proceso abierto contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por un supuesto fraude electoral en 2019.

    El diputado Erwin Bazán, de la alianza ultraconservadora Creemos, afirmó que el cambio de planes del MAS revelaría que este partido "hubiera decidido usar no más la justicia como estaba, anulando juicios y sacando resoluciones judiciales en su favor".

    "El MAS pretende hacer creer a los bolivianos que hay interés de reformar la justicia. Es posible que así lo quiera el ministro (Lima), no así el MAS que quiere hacer creer que hay un nuevo MAS", sostuvo.

    Acrecentando esta polémica, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, del MAS, justificó el aplazamiento indefinido del referéndum y negó que la reforma judicial sea algo urgente.

    "Vamos a ir avanzando, paso a paso; para nosotros no es lo más urgente, como en algún momento indicó también nuestro ministro, por supuesto que eso era una prioridad para él; sí, lo entendemos, pero tenemos que ser responsables con el pueblo boliviano y por eso es que hemos decidido avanzar de a poco pero con pasos firmes", dijo Mamani.

    Cambios

    La más reciente reforma estructural del sistema judicial boliviano llegó incorporada en la Constitución Plurinacional promulgada en 2009 por Morales.

    Como medida supuestamente revolucionaria, esta Constitución estableció la elección por voto popular de los magistrados nacionales, miembros de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura encargado de la designación jueves de menor rango.

    Los candidatos, dispuso la Constitución, deben ser preseleccionados por el parlamento.

    En 2013 y 2017 se realizaron las dos primeras elecciones judiciales nacionales, con ausentismo mayoritario de votantes debido en parte a un boicot de la oposición derechista que denunció que el MAS impuso su mayoría en el parlamento para llenar las listas de candidatos con personas afines al Gobierno.

    Aún así, los tribunales nacionales electos por voto popular han funcionado sin mayores objeciones, a diferencia del Consejo de la Magistratura que resultó envuelto en frecuentes controversias.

    Al anunciar el plan de reforma, el ministro Lima dijo que una de ellas sería la supresión del Consejo de la Magistratura, al que acusó de no cumplir sus tarea de designar jueces en la cantidad y con la calidad requeridas.

    Actualmente, según el ministro, hay al menos 150 juzgados vacantes, lo que agrava el atraso en los juicios, un mal crónico del sistema.

    Etiquetas:
    Movimiento Al Socialismo (MAS), referéndum, Gobierno de Bolivia, reforma judicial, Bolivia
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