"Durante la temporada de aislamiento obligatorio se agudizaron las vulnerabilidades existentes en las zonas donde convergen factores estructurales de conflicto armado, criminalidad, inequidad y débil presencia estatal", indicó el informe de la MAPP/OEA.
Asimismo, observó la persistencia en la instalación de minas antipersonal, violencias basadas en género, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios que afectaron de manera principal a líderes sociales, autoridades étnicas, mujeres, organismos de acción comunal y excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en proceso de reincorporación y sus familias.
El informe alertó también de la alta deserción escolar en zonas de conflicto, así como de las condiciones de riesgo para la vinculación, utilización y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.
"La pandemia ha evidenciado los urgentes desafíos que aún persisten en las zonas más apartadas, como son la garantía de derechos, el fortalecimiento de la participación, la priorización de recursos disponibles, la realización de obras y el acceso efectivo a la conectividad y a herramientas digitales", señaló Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, durante la presentación del informe vía streaming en el Consejo Permanente de la OEA.
Pese a la situación, el informe también detalló los logros alcanzados en medio de las complejidades de la pandemia, como las acciones tendientes a reforzar la atención a la violencia contra las mujeres y las víctimas del conflicto armado, así como la disminución del área sembrada de cultivo de coca en algunas zonas del país.
"La Misión reconoce los esfuerzos adelantados por el Estado colombiano para contener la crisis en todos sus aspectos, y destaca el papel de los organismos comunales, de las autoridades étnicas y de los procesos organizativos, quienes han afrontado mancomunadamente esta difícil situación", agregó Menéndez.
Por último, en su informe la misión de la OEA en Colombia alentó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a mantener los "esfuerzos y sinergias con la sociedad civil" en favor de los derechos humanos, la seguridad, la protección de la vida y la completa implementación de la paz en el país.
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