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    En Argentina, el Gobierno de Alberto Fernández busca modificar el cálculo de aumentos móviles automáticos del sistema previsional y regresar al sistema que rigió entre 2008 y 2017, antes de que la Administración de Mauricio Macri (2015-2019) incorporara la inflación como principal variable.

    El Senado aprobó este 10 de diciembre el nuevo proyecto de ley presentado por el oficialismo argentino para cambiar una vez más el sistema que calcula los aumentos en las jubilaciones, un año después de que suspendiera la fórmula que estaba vigente en el marco de la emergencia económica. La nueva actualización no toma la inflación como variable.

    Los aumentos serían efectivos de manera trimestral, a partir de marzo de 2021, mediante una fórmula que toma dos variables en partes iguales, 50% a partir de la recaudación impositiva destinada a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y 50% según los aumentos salariales, tomando como referencia los cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y el índice Remuneración Imponible de Trabajadores Estables (Ripte) del Ministerio de Trabajo.

    "Nosotros estimamos que, con la salida de la pandemia, se va a recuperar la actividad económica. Argentina va a crecer y queremos que el producto del crecimiento se distribuya hacia el sector de los jubilados", dijo a Sputnik Marcelo Casaretto, diputado del oficialismo y titular de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional.

    Esta actualización impactaría en cerca de 8 millones de jubilaciones y pensiones, incluyendo también las no contributivas, como por ejemplo las de invalidez. De aprobarse por la Cámara de Diputados, se trataría de la tercera vez que se modifica el régimen previsional en los últimos 10 años.

    Antecedentes y críticas

    El nuevo sistema de ajuste tiene como antecedente la fórmula establecida por la ley de jubilaciones móviles que se sancionó durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), y que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017. Antes de esta normativa, las actualizaciones se realizaban de manera discrecional.

    En 2017 fue reemplazada por una nueva fórmula, impulsada por la administración de Mauricio Macri (2015-2019), que estableció que el aumento de las jubilaciones estaría determinada en un 70% por el aumento de los índices de inflación y 30 % a partir de la evolución de los salarios.

    "Creemos que tenemos que desindexar la economía. La inflación ha bajado en Argentina, el año pasado estuvo en 54% y estaríamos terminando este año en el orden del 35%, una baja de casi 20 puntos. A futuro, creemos que la actividad económica va a crecer por encima de la inflación", comentó Casaretto.

    Los consultores económicos que integran el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimaron para este año un aumento de precios minoristas de 36,7%, pero sus previsiones para 2021 fueron de 50%.

    "Las dos fórmulas son nefastas. El haber jubilatorio es un salario diferido, por lo cual en el mundo se actualiza conforme a la variación del salario del trabajador activo. El problema de Argentina es que tenemos una inflación que es anormal. Habría que agregarle una cláusula de garantía: cuando haya alta inflación, que se desfasa el haber en relación a lo que es el ajuste del salario, compensar ese 'split'", dijo a Sputnik Eugenio Semino, abogado defensor de la tercera edad.

    ¿Emergencia previsional o humanitaria?

    El 21 de diciembre de 2019, el Gobierno de Alberto Fernández, en sus primeros días de mandato, aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que suspendió por seis meses la aplicación de aumentos móviles automáticos del sistema previsional y anunció que se trabajaría por alcanzar una nueva fórmula.

    La medida de contingencia estuvo acompañada por dos bonos de 5.000 pesos (80 dólares, al cambio oficial de entonces), en diciembre de 2019 y enero de 2020, únicamente para los cerca de 3 millones de jubilados que reciben los haberes mínimos.

    Durante 2020, hubo aumentos por decreto. En marzo, recibieron un alza de 2,3% y un bono de 1.500 pesos (21 dólares). En abril, un nuevo bono de 3.000 pesos (45 dólares) como asistencia frente a la pandemia. Hubo un nuevo incremento de 6,12% en junio y otro de 5% en diciembre. Con este último incremento, el nuevo valor de la jubilación mínima es de 19.035 pesos (231 dólares, al tipo de cambio oficial actual) mensuales.

    "De los 40.000 fallecidos por COVID-19, el 80% son adultos mayores, y los cientos de miles que tuvieron la enfermedad y salieron de la patología aguda hoy están necesitando atender comorbilidades y rehabilitación. Antes de la pandemia, muchas familias podían ayudar económicamente al adulto mayor, hoy ha disminuido el ingreso familiar y eso se ha cortado. ¿Cómo se hace para vivir con 19.000 pesos en Argentina?", cuestionó Semino.

    En junio y diciembre, los jubilados y pensionados cobran además un aguinaldo o Sueldo Anual Complementario, correspondiente a 50% del ingreso. Durante el último año, las jubilaciones mínimas acumularon una subida de 35,3%, por debajo de la inflación, que en octubre mostró un crecimiento interanual de 37,2%, según el Indec.

    El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados anunció que entregará un bono navideño de 1.500 pesos (18 dólares) para todos los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social pública para personas de la tercera edad, y 10.000 pesos (122 dólares) para centros de atención a esta población.

    "El escenario que se repite es el compromiso con los organismos multilaterales de crédito. Los más vulnerables están en una verdadera crisis humanitaria. El sistema político ha perdido el contexto. El macrismo, para pedir el préstamo y la actual administración, para pagarlo. Se decretó la emergencia previsional hace un año, y en 2016, cuando asumió la anterior administración, lo primero que hizo fue decretar la emergencia previsional. Mientras tanto a los jubilados les va cada vez peor", comentó el ombudsman de los jubilados argentinos.

    Jubilaciones de privilegio y financiamiento

    A principio de 2020, el Congreso aprobó una nueva normativa impulsada por el oficialismo que reduce las jubilaciones de privilegio que reciben jueces, fiscales y diplomáticos. Además, aumentó de manera gradual la edad para acceder a las retribuciones especiales al subirla de los 60 a los 65 años para los hombres, pero la mantiene en 60 años para las mujeres.

    El porcentaje del cálculo de la jubilación será del 82 % móvil, pero se tomará ahora sobre el promedio de los sueldos de los últimos diez años de actividad en lugar de sobre el último sueldo, como regía para el Poder Judicial, o del mejor sueldo de los últimos cuatro años, entre diplomáticos.

    5.484 magistrados cobran en promedio 293.107 pesos (4.600 dólares), dentro de un sector en el que la mayor parte de los jueces gana más de 200.000 pesos (3.200 dólares). Los diplomáticos que cobran una pensión de privilegio son 706 y en promedio reciben por mes 335.934 pesos (5.270 dólares).

    Argentina tiene un régimen previsional asistido, coordinado por la Anses: aproximadamente la mitad proviene de los aportes de los empleadores y contribuciones de los empleados que se realizan a partir de los sueldos en blanco y el resto, de impuestos como el IVA, ganancias, entre otros.

    "El primer tema del que no quieren hablar los políticos es cómo se financia esto. Teníamos 37% de trabajo no registrado cuando arrancó la pandemia, hoy no creo que esté por debajo de los 50 puntos. Eso aporta cero al sistema, pero la subocupación existe en todo el mundo, aunque no en esta brutal proporción. La otra parte de los recursos son impuestos, y el que más dinero pone es el IVA [Impuesto al Valor Agregado], que es el más regresivo, el que más afecta a los pobres. Que alguien me explique por qué la renta minera o financiera aportan cero al sistema", demandó el abogado.

    El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses es utilizado por el Estado como reserva y fondo soberano de inversión para asegurar los pagos presentes y futuros, atenuando a través de inversiones los impactos de variables negativas en la economía. Se destina no solo al pago de haberes, sino a dar créditos a las personas mayores y financiar programas de asistencia social como la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros.

    Durante los cuatro años de gobierno de Macri, el FGS pasó de tener un capital equivalente a 67.000 millones de dólares a uno de 22.000 millones de dólares, debido al desfinanciamiento por baja de impuestos y el uso de reservas para financiar liquidez de las cuentas del Tesoro a través de inversiones en bonos de corto plazo que terminaron siendo renegociados por la misma administración.

    "A una persona de 65, 70 años, que hoy sigue trabajando en Argentina dentro del mercado informal para subsistir, si lo integrás bien desde la seguridad social, es decir, le das salud y le ponés plata en el bolsillo, se vuelve un fenomenal consumidor y un reproductor de riqueza, no es un viejo inútil, como se lo considera acá", concluyó.
    Etiquetas:
    economía, crisis económica, reforma previsional, jubilación, jubilados, Argentina
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